Escuela Nacional de Ballet: una institución marcada por sospechas y silencios
Documentos internos, denuncias de trabajadores y requerimientos pendientes revelan un sistema administrativo cuestionado dentro de la Escuela Nacional Superior de Ballet. Entre cobros sin sustento, contrataciones elevadas, un asesor con antecedentes polémicos y una directora con proceso judicial vigente, la institución convive hoy con un clima de temor y presunta corrupción que ya es seguido por los órganos de control.
Detrás del discurso oficial que proyecta orden, disciplina y formación artística, documentos internos y testimonios de trabajadores revelan una trama de cobros no declarados, contrataciones con montos elevados, asesorías controvertidas y una directora envuelta en un proceso penal que busca consolidar poder a través de un reducido grupo de funcionarios. Tanto la Fiscalía como la Contraloría ya han iniciado acciones preliminares.
En la Escuela Nacional Superior de Ballet (ENSB), las decisiones cruciales no se toman en los salones de ensayo ni durante las funciones. Se cocinan en despachos donde los documentos circulan sin trazabilidad, donde las firmas se estampan sin controles y donde la información solo fluye entre pocas manos. En ese escenario de discreción administrativa aparece la figura de María del Rosario Reyes Durand, directora general desde 2025, cuya gestión ha intensificado los conflictos internos y multiplicado las denuncias por presuntas irregularidades.
Su nombramiento mediante la RDR N.º 00155-2025-DRELM, que siguió a la salida de la anterior directora por límite de edad, parecía un trámite más. Sin embargo, pronto se supo que Reyes Durand enfrenta un proceso penal activo por Colusión Agravada y Negociación Incompatible. El caso, ventilado en el Trigésimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, sigue en juicio oral bajo el expediente N.º 1378-2019-3-1826-JR-PE-30 y contempla una posible condena de hasta seis años de prisión.
La duda entre el personal no tardó en surgir: ¿cómo llega a liderar una entidad pública una funcionaria procesada por delitos contra la administración del Estado? La explicación, según fuentes internas, no tiene relación con normas de meritocracia, sino con la construcción de un círculo cercano que habría tomado el control de las áreas decisivas. La directora no habría llegado sola, sino acompañada de personas ubicadas estratégicamente para manejar contrataciones, trámites, pagos y servicios.
Jorge Osores y Regis Vidaurre bajo cuestionamiento
El poder en la ENSB no gira únicamente alrededor de la directora. Dos funcionarios aparecen como operadores claves: Jorge Osores Acuña y Regis Orestes Vidaurre García. Sus nombres se repiten en prácticamente todas las denuncias internas. Osores, responsable de Logística, también asumió la Secretaría General con autorización de la directora, lo que le da control sobre el flujo documental e incluso la elaboración de disposiciones internas. Vidaurre, encargado de contrataciones, fue designado además como responsable de Trámite Documentario y del STOIPAD. En conjunto, manejan el acceso a expedientes, órdenes de compra y registros administrativos.
La tercera integrante del grupo es Pamela Silva Roldán, jefa de producción, quien además fue encargada temporalmente de la Unidad de Personal. Todo ello, sumado a la influencia de funcionarios del área administrativa, habría creado una estructura que valida decisiones sin filtros adecuados.
Los trabajadores lo definen así: “Ellos deciden qué avanza y qué no. Ningún documento se mueve si no pasa por su aprobación”. La consecuencia es un clima laboral donde prevalece el temor a denunciar y donde cualquier cuestionamiento se paga con represalias.
Los cobros sin sustento y el dinero sin rastro
Uno de los hechos más graves aparece en el Informe N.º 000034-2025-ENSB/DG-DA-UTES, elaborado por la Unidad de Tesorería. El documento detalla cobros de US$ 35 y US$ 25 por participante en audiciones del 29 de agosto de 2025. Hasta el momento, no existe constancia formal —ni recibos, ni boletas, ni depósitos— que sustente el destino del dinero. El informe indica que simplemente no hay registro contable, lo que constituye una infracción severa en el manejo de recursos públicos. Trabajadores afirman que esta modalidad se habría repetido en otras actividades académicas.
El informe interno es contundente: no hay registro formal de ingresos. En términos administrativos, esto configura una de las faltas más graves, pues implica manejo directo de recursos públicos sin sustento documental. La práctica se repite, según trabajadores, en otras actividades académicas donde los pagos “se recaudan y luego se pierden”.
A ello se suman órdenes de servicio con montos elevados, como la contratación para supervisión de estructuras livianas por S/ 463,213.18. En total, la ENSB desembolsó S/ 1’102,902.76, cifra actualmente bajo revisión. Existen al menos otras 25 órdenes de servicio con observaciones. La Contraloría ha solicitado información, pero la dirección aún no entrega la documentación completa.
En el mismo período, trascendió un hecho que indignó al personal: Reyes Durand solicitó que la escuela pague los honorarios de su abogado —42 mil soles— por el proceso penal que enfrenta. Aunque la norma permite ciertos casos de defensa legal financiada por el Estado, la solicitud fue percibida como un acto de abuso: una funcionaria acusada de delitos contra la administración pública pidiendo que la institución pague por su defensa.
Para muchos trabajadores, ese pedido no solo reveló la seguridad con la que actúa la directora, sino la convicción de que ninguna entidad superior pondrá límites.
Kanashiro, el asesor incómodo
En este esquema aparece el nombre de Ricardo Alfredo Falcao Kanashiro Romero, un asesor vinculado anteriormente al Ministerio del Interior, donde su gestión estuvo rodeada de cuestionamientos por compras de chalecos antibalas, armas y un avión por US$ 65 millones. Su salida se produjo cuando se detectaron presuntas irregularidades.
Pese a esos antecedentes, desde 2020 hasta 2025 sumó contratos por cerca de 40 mil soles en la ENSB, brindando asesoría legal y fiscalización posterior. Su presencia es constante y, según testimonios, es parte del círculo de confianza de la directora y de los funcionarios observados. Aunque Kanashiro se presenta como un abogado con amplia trayectoria, su papel en la institución genera inquietud: un operador del sector Interior desempeñando tareas clave en una escuela de danza.
Kanashiro es un bachiller en Derecho, por la universidad Federico Villarreal, y alguna vez fue docente por tiempo parcial de la Universidad César Vallejo; sin embargo, según el ROP del JNE, actualmente es militante del partido político Somos Perú, partido del presidente José Jerí.
La pregunta que circula en los pasillos es inevitable: ¿qué hace un exfuncionario vinculado a compras millonarias en el Mininter trabajando como asesor en una escuela de ballet? Él mismo lo explicó así: “Soy abogado con 27 años de experiencia en gestión pública”. Pero la experiencia no responde la pregunta central: ¿quién lo colocó allí y con qué propósito?
Kanashiro rechaza cualquier señalamiento, habla de “preguntas subjetivas” y asegura que su trabajo consiste únicamente en emitir opiniones legales. Sin embargo, su cercanía con la directora y el núcleo administrativo cuestionado le otorga un papel que excede la formalidad de un contrato.
¿Una organización criminal?
Las tensiones internas estallaron cuando algunos trabajadores denunciaron la posible existencia de una organización criminal dentro de la ENSB. Según la acusación, Reyes Durand sería la líder; Osores, el segundo al mando; y Vidaurre, el ejecutor técnico.
La hipótesis no es antojadiza. Surge de un patrón: Concentración de funciones administrativas clave. Contrataciones observadas. Recursos sin sustento documental. Cobros irregulares a estudiantes. Blindaje informativo. Resistencia sistemática a los requerimientos de Contraloría y OCI. Ingreso de asesores externos vinculados a otros escándalos.
En cualquier institución pública, ese conjunto de indicadores constituye terreno fértil para investigar un posible esquema de corrupción interna.
Contraloría y OCI: alarmas que nadie atiende
El Órgano de Control Interno del Minedu (OCI) recibió la denuncia del exlocador Carlos Correa Saavedra, quien advirtió sobre pagos indebidos a docentes que no cumplirían sus horas CAP y CAS. El caso inició un proceso administrativo. Pero de inmediato surgieron nuevos cuestionamientos por la falta de colaboración de la dirección para entregar información requerida.
Por su parte, la Contraloría, mediante el Oficio N.º 000368-2025-CG/OC0190 del 16 de junio pasado, pidió explicaciones formales a la directora Reyes Durand. Hasta hoy, la respuesta es incompleta.
En otras entidades públicas, una respuesta tardía o insuficiente a un requerimiento de la Contraloría activa procedimientos sancionadores. En la ENSB, en cambio, el silencio parece parte del método.
El Ministerio de Educación: un espectador que no actúa
La ENSB es una escuela pública bajo el ámbito del Ministerio de Educación. Sin embargo, ni las denuncias internas, ni los oficios de Contraloría, ni los reportes de prácticas irregulares han motivado un pronunciamiento del Minedu.
Incluso antes de la salida del exministro Morgan Quero, trabajadores enviaron propuestas para un proceso orientado a la conversión universitaria de la ENSB. Ninguna respuesta llegó.
El vacío de supervisión ministerial ha permitido que la administración actual actúe sin contrapesos. La ausencia de autoridad no es solo una omisión: es una concesión involuntaria que fortalece la estructura opaca instalada en la escuela. Hasta el momento, el actual ministro de Educación Jorge Figueroa, ha preferido mirar a un costado sin actuar ante la grave situación que viene sucediendo en la ENSB.
Por otro lado, un informe sobre la ENSB llegó a Palacio de Gobierno, para que el propio presidente José Jerí conozca la situación de la Escuela Nacional de Ballet.
La ENSB, según su ley de creación, es una institución superior dedicada a la formación profesional en danza clásica y a la investigación artística. Su misión incluye promover valores éticos, estéticos y culturales.
El contraste entre esa misión y la realidad denunciada es abismal. Bajo la administración de Reyes Durand, la escuela se ha convertido en una institución donde predomina el temor, la discrecionalidad y el manejo administrativo opaco.
En un lugar donde se enseña arte, se respira desconfianza. En un espacio dedicado al cuerpo, se ejerce presión psicológica. En un centro que forma a jóvenes bailarines, se ha instalado una lógica de encubrimiento funcional.
Los descargos de los funcionarios cuestionados
Lima Gris buscó la versión de los principales involucrados. Jorge Osores Acuña, jefe de Logística y Secretario General: no respondió.
También nos comunicamos con la directora general de la Escuela Nacional Superior de Ballet, Rosario Reyes Durand para recoger su versión. Reyes nos respondió por mensaje de WhatsApp aseverando que no tiene conocimiento que exista algún tipo de irregularidad y concluyó: “reiteramos nuestra disposición a brindarle información precisa y de primera mano”; sin embargo, tras pedirle una respuesta telefónica ya no respondió hasta el cierre de este informe.
Asimismo, nos comunicamos con el señor Ricardo Kanashiro, quien señaló que su cargo específico es el de locador de servicios y que brinda servicios legales. Cuando se le preguntó si trabajaba a tiempo completo, respondió que no tiene horario y que su labor consiste en emitir opinión legal en apoyo de la Dirección General.
Al mencionarle que había una serie de órdenes de servicio con montos elevados y consultarle qué tanta injerencia tendrían los señores de Logística en las decisiones que toma la señora Rosario, Kanashiro respondió que se trataba de “una pregunta subjetiva”. Ante la pregunta de si los funcionarios mencionados en este informe tenían injerencia en las contrataciones y servicios que se otorgan, manifestó: “definitivamente no puedo usar la palabra injerencia, porque ellos son trabajadores, ellos tienen competencias; y sus competencias están reguladas”.
Del mismo modo, aseveró que no tiene amistad con la directora y manifestó que la conoció hace aproximadamente 45 días. “Yo soy abogado, y tengo especialización de 25 años en gestión pública. No soy financiero, pero he sido gerente de administración, soy abogado y he visto temas de gestión pública desde hace 27 años en distintas entidades”.
Cuando se le preguntó si considera coherente pasar del sector Interior a una institución como la ENSB, señaló: “no es la primera vez que trabajo en la entidad pública y he hecho cosas de mucho nivel, de mediano nivel; yo soy un profesional senior con experiencia y justamente esa experiencia coincide con el servicio que me están pidiendo”.
Sobre las contrataciones Kanashiro agregó: “entenderá que el director general no ve las contrataciones; esas contrataciones se ven a nivel de administración y a nivel logística. Y si usted quiere entrevistar al titular de una entidad, por una contratación, así de manera genérica, usted no le puede preguntar por hechos que no son gestionados directamente por la persona a la que le pregunta”.
La presencia de una directora con proceso judicial, la concentración de funciones en un grupo reducido de funcionarios, los cobros sin sustento, los contratos cuestionados, la aparición de un asesor con antecedentes oscuros, la resistencia a entregar información a la Contraloría y la inacción del Minedu configuran un escenario que exige investigación profunda y decisiones urgentes.
La ENSB no puede convertirse en un escenario donde el arte conviva con la sombra de la presunta corrupción. Tarde o temprano, el telón caerá, por más que algunos ya tengan preparada la fuga o el pasaje para dejar el país.
