Congreso elimina el enfoque de género de las políticas públicas y genera alarma nacional
El Congreso de la República aprobó una de las reformas más polémicas de los últimos años: la eliminación total del “enfoque de género” de la legislación y de las políticas públicas del Estado. La nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, impulsada principalmente por Renovación Popular, reemplaza el concepto por uno basado únicamente en diferencias biológicas, un cambio que ya ha provocado una ola de críticas desde organizaciones feministas, colectivos de derechos humanos y especialistas en educación.
Según información difundida por diversos medios internacionales y nacionales, entre ellos El País y RPP, la ley establece que todas las políticas públicas deberán regirse bajo un “enfoque de igualdad entre hombres y mujeres”, descartando cualquier análisis sobre desigualdades estructurales, identidades diversas o violencia basada en género. Este viraje legislativo también afecta directamente al sistema educativo: la actual Educación Sexual Integral será sustituida por una educación sexual “con base científica, biológica y ética”, lo que para muchos especialistas implica la exclusión de temas como consentimiento, diversidad y prevención de violencia.
El retroceso señalado por organizaciones defensoras de derechos no es menor. La eliminación del enfoque de género, advierten, tendrá impacto directo en las herramientas estatales de prevención de feminicidios, violencia sexual, embarazo adolescente y discriminación. En un país donde cada año se registran miles de denuncias por violencia familiar y donde la desigualdad afecta principalmente a mujeres y niñas, la medida es vista como un desmantelamiento de las políticas que buscaban enfrentar estas problemáticas desde sus raíces.
Preocupa también que la nueva ley reinterpreta toda normativa anterior bajo esta lógica biológica, dejando en incertidumbre programas, protocolos y planes nacionales construidos en las últimas dos décadas en articulación con estándares internacionales. Expertas señalan que Perú podría estar incumpliendo acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por el propio Estado.
La reforma ha sido celebrada por sectores conservadores del Congreso, quienes califican al enfoque de género como una “ideología”. Sin embargo, para especialistas y organizaciones ciudadanas, el verdadero peligro radica en la negación de desigualdades históricas que afectan a más de la mitad de la población peruana.
Mientras las bancadas impulsoras defienden la decisión como un “retorno a lo biológico”, las consecuencias empiezan a vislumbrarse: un Estado que renuncia a entender y enfrentar la violencia y la desigualdad desde un enfoque integral. Para muchas mujeres y diversidades, la aprobación de esta ley no representa un avance, sino una sombra que vuelve a caer sobre derechos que aún están lejos de ser plenamente garantizados.
