Chankillo: Iván Ghezzi y los millonarios contratos otorgados a un ciudadano belga en la Unidad Ejecutora 010
En la administración pública existen cifras que se explican por sí mismas, pero también hay silencios capaces de revelar más que cualquier documento oficial. En el caso de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, dirigida por Iván Ghezzi, ambos elementos —los números y las omisiones— se combinan para delinear un panorama que exige ser examinado con sumo rigor. La reiterada aparición de un mismo proveedor, los montos elevados, los concursos con un único postor y las respuestas evasivas provenientes del propio despacho del director configuran un relato que, como suele suceder en el sector Cultura, se desplaza entre sombras, tecnicismos y decisiones que, aun cuando parecen justificadas, despiertan legítimas interrogantes sobre el destino del dinero público asignado a un sitio reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.
En esta historia reciente de la Unidad Ejecutora 010 destaca un protagonista: el ciudadano belga Barthelemy Jean-Christian d’Ans, arqueoastrónomo. Primero fue contratado por S/ 230 mil; ahora, mediante una segunda orden de servicio, percibirá S/ 195 mil. En conjunto, casi medio millón de soles. Una cifra considerable que llama la atención por sí sola, pero que adquiere aún mayor relevancia al analizar el contexto en el que fue otorgada.
La semana pasada, Lima Gris publicó un reportaje que sacudió la aparente calma que rodeaba a la Unidad Ejecutora. Bajo el título “Chankillo: las contrataciones jugosas de la Unidad Ejecutora a cargo de Iván Ghezzi”, el informe puso sobre la mesa un asunto incómodo: el cuestionado manejo del presupuesto público en una entidad responsable de un sitio arqueológico de importancia mundial, pero que, paradójicamente, permanece en el abandono, con baja afluencia de visitantes y falencias elementales en su gestión.
A partir de aquel informe comenzaron a emerger nuevas revelaciones y un patrón que resulta imposible ignorar.
La segunda contratación del mismo especialista
La novedad apareció con la reciente adjudicación del servicio denominado “Servicio Especializado en Astronomía Cultural para la Medición de las Orientaciones de Estructuras Prehispánicas en Casma y Nepeña”, por un valor de S/ 195 mil. El nombre, extenso y técnico, resulta casi una réplica del contrato previo otorgado el año pasado al mismo arqueoastrónomo belga por S/ 230 mil.
Aquí surge el primer punto neurálgico: ¿estamos ante dos servicios realmente distintos o frente a una fragmentación de actividades que debieron integrarse en un único estudio completo?
La similitud entre ambos títulos es innegable. Las fechas, por su parte, revelan una cercanía difícil de obviar. Y al revisar los montos, queda en evidencia que la suma total asciende a alrededor de S/ 425 mil. Todo ello ocurrido bajo la misma administración, con el mismo director y, nuevamente, con el mismo proveedor.
¿Coincidencia? ¿Necesidad técnica real? ¿O el anticipo de un esquema de contratación por etapas que no fue explicitado desde el inicio?
La recomendación está ahí, en la página final del informe. Y pocos meses después, la Unidad Ejecutora convoca el segundo concurso. El vínculo es evidente.
El uso de herramientas básicas y la desproporción del costo
Un elemento irritante del primer contrato es la naturaleza de la metodología. El propio d Ans anota que empleó Google Earth, hojas de cálculo en Excel, programas como PicFinder y herramientas que, aunque útiles, no representan un nivel de sofisticación tecnológica que justifique por sí solo un pago superior a los doscientos mil soles. Incluso considerando la utilización de instrumentos topográficos como la estación total o el teodolito, el costo de alquiler o compra de estos equipos no supera los 10 o 20 mil soles.
Surge entonces la pregunta que cualquier ciudadano razonable plantearía: ¿en qué se justifica realmente el resto del monto? ¿Se remuneró conocimiento altamente especializado? ¿Se pagaron horas-hombre? ¿O se sostuvo, una vez más, el silencio de una estructura administrativa que ha terminado por normalizar honorarios desproporcionados dentro del sector Cultura?
Lejos de disiparse, estas dudas se intensifican al revisar las condiciones del segundo proceso de contratación.
Un concurso en el que solo un postor calificaba
En la segunda convocatoria pública, los requisitos parecían estar diseñados a la medida. Para participar, el especialista debía acreditar al menos S/ 150 mil en servicios similares durante los últimos 15 años. ¿Y quién cumplía este criterio con una precisión casi quirúrgica? El mismo proveedor contratado el año anterior, quien había recibido S/ 230 mil por un servicio prácticamente idéntico.
Ese antecedente no solo le abría la puerta para postular: en la práctica, lo convertía en el único candidato con posibilidades reales.
Y así fue. El concurso contó con un solo postor: Barthelemy Jean-Christian d’Ans. El Comité de Selección —conformado por la asesora de Ghezzi, Natalia Guzmán; Diego Enrique Zevallos Ruiz; y Ericka Waleska Macedo Fonseca— le otorgó la máxima calificación: 100 puntos en la evaluación técnica y 100 puntos en la económica.
La interrogante que queda suspendida en el ambiente es evidente: ¿las bases se diseñaron para fomentar la participación de múltiples postores, o se construyó un perfil tan específico que, en la práctica, solo un profesional podía calificar?
Respuestas que, lejos de aclarar, profundizan las dudas
Cuando el arqueólogo Martín Chanta solicitó información para verificar si la Unidad Ejecutora había realizado un estudio de mercado que acreditara la existencia de otros posibles proveedores, la respuesta oficial no aportó claridad alguna. A través del Oficio N.º 000027-2024-UE010/MC, Ghezzi indicó que el proceso aún se encontraba en curso y que, por ello, no podía proporcionar detalles hasta su culminación.
Una respuesta formal, sí; pero claramente insuficiente. Porque si hay algo que un estudio de mercado debe garantizar es, precisamente, la demostración previa —antes de convocar el concurso— de que existen alternativas viables. El silencio en ese punto no aclara nada; por el contrario, alimenta sospechas legítimas.
Un sitio arqueológico abandonado mientras el gasto se dispara
La paradoja en Chankillo es profunda: mientras se destinan cientos de miles de soles a investigaciones especializadas, el sitio arqueológico padece carencias elementales de conservación. Invasiones, vigilancia deficiente, ausencia de control y una infraestructura prácticamente mínima. Testimonios locales incluso señalan la presencia de personas armadas que aseguran “proteger” terrenos como si fueran de su propiedad.
La pregunta de fondo resulta inevitable: ¿están desalineadas las prioridades de inversión? ¿Tiene sentido destinar casi medio millón de soles a estudios altamente especializados cuando ni siquiera se garantiza lo más básico: protección, vigilancia y mantenimiento del sitio?
La preocupación se amplía al examinar otro punto: el ámbito de acción de la Unidad Ejecutora. Aunque Chankillo se ubica en Casma, la gestión se ha extendido también a valles como Nepeña. ¿Responde esto a una necesidad técnica real o constituye una expansión territorial que, en la práctica, podría justificar presupuestos más abultados en el futuro?
La versión del director Iván Ghezzi
Lima Gris contactó al responsable de la Unidad Ejecutora 010 Chankillo, el arqueólogo Iván Ghezzi Solís, para conocer su versión sobre la segunda contratación de alto costo a favor de Barthelemy Jean-Christian d’Ans. Según explicó, se trata simplemente de una nueva etapa del mismo trabajo. Ghezzi sostuvo que en el Perú no existe la carrera de arqueoastronomía y que solo dos especialistas en el país trabajan en astronomía cultural y arqueoastronomía, entre ellos d’Ans.
Asimismo, afirmó que la Unesco recomendó continuar con las investigaciones científicas tras la declaratoria de Chankillo como Patrimonio Mundial, y que tales estudios no pueden desarrollarse en un solo año. La primera etapa permitió identificar 12 sitios con potencial astronómico, mientras que la segunda busca precisar puntos de observación y profundizar las mediciones.
En cuanto a la presencia de su asesora Natalia Guzmán en el comité que seleccionó al especialista belga, Ghezzi negó cualquier vínculo personal y aseguró que la relación es estrictamente profesional. “Puedo afirmar categóricamente que nuestras relaciones son totalmente profesionales; que seamos de la Universidad Católica o de la misma disciplina no implica amistad ni relación personal alguna. No conozco a la familia de la señora Guzmán”, señaló.
Sobre la denominación Casma–Nepeña, explicó que ambos valles conforman una sola área cultural y que limitar la gestión únicamente a Casma habría sido un error: “Nepeña es el valle contiguo a Casma, a unos 25 o 30 kilómetros, pero en el mundo prehispánico estos valles estaban completamente interconectados; es lo que los arqueólogos denominan un área cultural. En Nepeña hay monumentos, cerámicas y procesos muy similares a los de Casma. Desde una perspectiva de gestión cultural, hubiera sido un grave error concentrar todos los esfuerzos del Estado solo en Casma, ignorando el patrimonio igualmente valioso e históricamente ligado en el valle de Nepeña. Por eso el ámbito de la Unidad Ejecutora abarca ambos valles”, sostuvo.
La explicación ha sido presentada, sí, pero deja vacíos importantes. Si se trataba de una segunda etapa, ¿por qué no se diseñó desde el inicio un estudio integral? Si solo dos especialistas estaban en condiciones de postular, ¿hubo realmente pluralidad? Y si la Unesco recomendó continuar con las investigaciones, ¿qué tipo de seguimiento exigía y en qué tiempos?
La respuesta del Ministerio de Cultura
Al comunicarnos con la gestión actual del ministro de Cultura, Alfredo Luna, la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, a través de Dora Garrido, envió la siguiente respuesta formal:
“Estimados señores de Lima Gris: Sobre el tema de Chankillo y las grandes contrataciones, le informamos lo siguiente: El Ministerio de Cultura informa que ha iniciado de inmediato la recopilación de información interna sobre el caso, conforme a los procedimientos y normas de la institución. El caso se encuentra en evaluación en cumplimiento de los protocolos institucionales correspondientes”.
Se espera que esta investigación y evaluación por parte del Mincul ofrezca resultados pronto. Y es fundamental subrayar que, si se identifican responsables, estos deben ser sancionados y denunciados con todo el rigor de la ley.
El caso Chankillo no se limita a un arqueoastrónomo belga ni a dos contratos consecutivos. Es, más bien, una manifestación más de un patrón ya conocido en el sector Cultura: contrataciones onerosas, cuestionamientos razonables, procesos con un único postor, respuestas evasivas y un patrimonio cultural que, pese a los discursos institucionales, permanece vulnerable y desprotegido.
El uso de fondos públicos demanda explicaciones claras, no tecnicismos; demanda prioridades definidas, no fragmentaciones sospechosas; y exige transparencia, no silencios administrativos.
Por ahora, las cifras están expuestas. Los hechos, también. Lo que sigue faltando —lo que casi siempre falta— es un ejercicio auténtico de fiscalización institucional. Hasta que eso no ocurra, la gestión en Chankillo continuará bajo seria sospecha.
