Proyecto del Ejecutivo genera alerta por posible impacto en la libertad de prensa
Una propuesta legislativa impulsada por el Gobierno del presidente José Jerí ha encendido las alertas en el sector periodístico y en organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Se trata del Proyecto de Ley 13280, iniciativa que plantea incorporar al Código Penal el delito de revelación de información reservada, una figura que, según sus críticos, podría abrir la puerta a sanciones penales contra la difusión de información de interés público.
El proyecto forma parte del paquete de facultades legislativas otorgadas por el Congreso al Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y fortalecimiento institucional. Dentro de ese marco, el Ejecutivo propone penalizar la divulgación de información vinculada a investigaciones penales y acciones policiales, incluyendo como posible sanción la inhabilitación del condenado.
Si bien el decreto legislativo aprobado el 15 de diciembre de 2025 señala que se respetarán derechos fundamentales como la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional, el texto no establece criterios claros ni salvaguardas específicas que delimiten el alcance de la norma, lo que ha generado preocupación por interpretaciones amplias o discrecionales.
Desde el Gobierno, la iniciativa ha sido defendida como una herramienta necesaria para evitar filtraciones que frustren operativos o permitan la fuga de investigados. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, sostuvo que la prensa cumple un rol clave en la lucha contra el crimen y aseguró que la norma no apunta a periodistas, sino a quienes alertan deliberadamente a organizaciones criminales. En la misma línea, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, afirmó ante el Congreso que la propuesta busca reforzar la efectividad de las investigaciones policiales.
Sin embargo, las reacciones desde el gremio periodístico han sido inmediatas y críticas. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) advirtió que el proyecto, tal como está redactado, criminaliza la difusión de información relevante para la ciudadanía y pone en riesgo el secreto de las fuentes, elemento central del ejercicio periodístico. La organización exhortó al Congreso a retirar ese extremo de la propuesta para evitar vulneraciones al derecho a la información.
Una preocupación similar expresó el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), que alertó que la amplitud del texto permitiría que el tipo penal se aplique no solo a funcionarios públicos, sino también a fiscales y periodistas. Su director ejecutivo, Rodrigo Salazar, subrayó la necesidad de incorporar “candados normativos” que excluyan de manera explícita la labor periodística legítima y eviten procesos penales por la publicación de información de interés público.
El debate queda ahora en manos del Congreso, en un contexto donde la seguridad ciudadana y la libertad de prensa vuelven a tensionarse, reavivando el recuerdo de iniciativas similares que, en el pasado, fueron calificadas como intentos de “ley mordaza”.
