“Ninguna persona puede presentar una denuncia directamente ante la CIDH” afirmó experta Delia Muñoz sobre Fuerza Popular
La exagregada legal de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Delia Muñoz Muñoz, hoy se refirió a las intenciones de Fuerza Popular (FP) de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para “conocer la verdad electoral” y para denunciar el “presunto fraude”, sobre las Elecciones Generales 2021, luego que se efectúe la eventual proclamación de Pedro Castillo como presidente electo.
La abogada y exministra de Justicia explicó hoy a Exitosa que nadie puede interponer directamente una denuncia o queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y añadió que primero se debe recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es la instancia que evalúa el caso y determina si es viable o no, una demanda ante la Corte IDH:
“Ningún país o persona puede presentar una denuncia o una queja directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque la llave para ello la posee la Comisión Interamericana de Derechos Humano”, aseguró la abogada.
Sin embargo, Muñoz Muñoz, también refirió que, Keiko Fujimori podría interponer una demanda contra el Estado peruano por supuesto incumplimiento de estándares internacionales durante la segunda vuelta electoral que se efectuó el pasado 6 de junio.
“Lo que se puede hacer es que concluida la etapa electoral del país (…) presentar una denuncia (ante la Comisión) contra el Estado peruano por incumplimiento de obligaciones contenidas en tratados o normas de carácter internacional. Lo que se discutiría es, si se respetó el acceso a los derechos políticos, el debido proceso y la Carta Interamericana de 2001, que traen conceptos sobre el funcionamiento de un proceso electoral”, sostuvo.
Según Muñoz, en ese caso, la Comisión Interamericana revisaría si el Estado peruano cumplió con todas las garantías a las que se comprometió desde que suscribió los tratados internacionales, como la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de setiembre de 2001 en Lima.
“No se le va a pedir a la entidad que revise si hubo fraude; lo que se va a revisar es si la conducta del proceso fue transparente, si hubo respeto de las reglas constitucionales o legales que regulan el procedimiento de elecciones, si se concedió la doble instancia, y si hubo el derecho de defensa. Todo este tipo de detalles se discuten tras la presentación de pruebas”, añadió.
