Estado de emergencia en Lima y Callao: 30 días para frenar la violencia, dudas sobre la eficacia
El Gobierno peruano anunció que a las 00:00 horas de este miércoles 22 de octubre entra en vigencia un estado de emergencia por 30 días calendario en las jurisdicciones de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, como respuesta al aumento de la violencia, el crimen organizado y las recientes protestas masivas que dejaron muertos y decenas de heridos.
En un breve mensaje a la nación, Jerí señaló que “pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen”, prometiendo recuperar “la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”.
¿Qué incluye el decreto?
El decreto supremo N.º 124-2025-PCM —publicado previamente en El Peruano— contempla varias medidas clave:
- Despliegue de las Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú en labores conjuntas de patrullaje y control territorial.
- Restricción de la libre circulación en moto de dos personas (“doble ocupación”), salvo excepciones.
- Controles de identidad en la vía pública, inmuebles y vehículos, así como decomiso de autopartes ilegales y suspensión de señales de antenas ilegales vinculadas a actos delictivos.
- Fortalecimiento de unidades de flagrancia, mayor protección a fiscales y jueces que intervienen en casos de crimen organizado, y coordinación permanente del Consejo de Seguridad Ciudadana.
Las dudas detrás del anuncio
Aunque la medida representa una señal política clara, diversos analistas advierten que la declaración de emergencia conlleva riesgos y limitaciones:
- Esta no es la primera vez que Perú recurre a un estado de emergencia en Lima-Callao por inseguridad, y en ocasiones anteriores los resultados fueron cuestionados.
- La eficacia dependerá de la inteligencia policial, de sanciones reales y de una estrategia de largo plazo; los solo patrullajes, sin reformas estructurales, podrían dejar la medida como un parche.
- Existe preocupación por el respeto a derechos fundamentales: aunque no se ha incluido toque de queda, la presencia militar en la calle, y la restricción de libertades de tránsito y reunión, deben aplicarse con estricto control para evitar abusos.
¿Qué viene ahora?
El Gobierno debe convertir el anuncio en hechos visibles: reducción de homicidios y extorsiones, detenciones de cabecillas, transparencia en el uso de fuerzas armadas y una rendición de cuentas clara. La ciudadanía lo exige tras los hechos del 15 de octubre, que desnudaron el grado de descontento y temor en el país.
En estos 30 días, el país estará evaluando si esta medida es un punto de quiebre o una repetición de acciones vistas anteriormente. El reloj ha empezado a correr.
