Dentro de seis meses, los partidos habrán recibido casi S/78 millones del Estado
Lima, 15 de diciembre de 2025.– Mientras millones de peruanos subsisten con ingresos que apenas alcanzan el salario mínimo y el país arrastra profundas brechas en pobreza, infraestructura y servicios básicos, los partidos políticos con representación en el Congreso habrán recibido, al término del actual periodo parlamentario en julio de 2026, cerca de S/78 millones en financiamiento público estatal.
El monto, que equivale a más de 69,000 sueldos mínimos, contrasta con las múltiples carencias que enfrenta el país. Con esos recursos, por ejemplo, se podrían construir al menos cuatro puentes como el Ccanchi, en Ayacucho —una obra de 110 metros de longitud que desde febrero de este año beneficia a más de 500,000 pobladores de Ayacucho y Apurímac y que demandó una inversión superior a los S/19 millones—. Asimismo, permitiría la implementación de miles de rampas para personas con discapacidad en veredas y edificios públicos, o la construcción de entre 25 y 80 kilómetros de ciclovías, según los estándares técnicos vigentes.
El cuestionamiento central no solo radica en el volumen del financiamiento, sino en su origen y destino. Se trata de dinero proveniente de los impuestos de todos los contribuyentes, que en numerosos casos, según denuncias periodísticas, ha sido utilizado para fines ajenos a la formación política, la capacitación o el fortalecimiento institucional de los partidos.
Mal uso de los recursos
En los últimos años, Perú21 ha advertido reiteradamente sobre el uso indebido de estos fondos. En febrero de 2024, por ejemplo, se informó que el líder prófugo de Perú Libre, Vladimir Cerrón, recibió gratificaciones y vacaciones truncas con cargo al financiamiento público. Un año antes, en 2023, dicha agrupación adquirió con recursos estatales una licuadora, cafetera, tetera, olla e incluso cucharones.
El financiamiento asignado a Perú Libre se calculó originalmente en función de los votos obtenidos y de los 37 congresistas con los que ingresó al Parlamento en 2021. No obstante, en la actualidad el partido ha perdido cerca del 70% de su bancada, sin que ello haya significado una reducción proporcional en los recursos que recibe, los cuales se mantienen como si su representación parlamentaria permaneciera intacta.
Una reforma impostergable
Para los especialistas en derecho electoral José Naupari Wong y Alejandro Rospigliosi, el problema es estructural. Ambos coincidieron en señalar que el financiamiento público no ha cumplido su objetivo original. “Ha servido para pagar locales, planillas, defensas judiciales de dirigentes y viajes, pero no para actividades de capacitación, que era su finalidad”, advirtió Naupari.
Rospigliosi fue enfático al señalar que “el financiamiento público no ha sido óptimo y se requiere una reforma urgente. Ha habido una dilapidación de recursos que resulta inaceptable en un país donde alrededor de un tercio de la población vive en pobreza monetaria”.
Ambos plantearon la necesidad de una reforma legislativa que permita recalcular el financiamiento de manera anual y no por quinquenio, de modo que los montos asignados se ajusten a la real composición de las bancadas. “Podría establecerse una distribución en función del número de congresistas con los que un partido termina cada año. Si pierde representación, el financiamiento debe reducirse progresivamente”, explicó Naupari.
Rospigliosi añadió que este mecanismo no solo haría más eficiente el uso de los recursos públicos, sino que también contribuiría a combatir el transfuguismo parlamentario. Pese a que la reforma solo requeriría una legislatura, ambos coincidieron en que no existe voluntad política entre los partidos con representación en el actual Congreso.
