Congreso y expertos advierten: prorrogar el estado de emergencia no es la solución estructural
Mientras el Gobierno oficializa la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, diversas voces desde el Congreso y el mundo académico suben el tono de la crítica. Para ellos, la medida no debe seguir como un recurso “excepcional”, sino como un síntoma de políticas sociales fallidas.
Varios congresistas han señalado que la repetida declaración del estado de emergencia podría estar convirtiéndose en una herramienta constante, más que en una solución temporal. Según estos críticos, extender la restricción de derechos constitucionales —como la libertad de tránsito o reunión— sin un plan estructural sólido para mejorar la seguridad no resolverá las raíces del crimen organizado.
Expertos constitucionales se suman al reclamo. Argumentan que la prórroga debe ir acompañada de reformas reales en el sistema policial, judicial y en las políticas de prevención social. Señalan que los “mapas del delito” y los operativos militares pueden contener momentáneamente la violencia, pero no cambiar la lógica de pobreza, exclusión y estructuras criminales que operan en barrios vulnerables.
Por su parte, el Ejecutivo defiende la medida como parte de una estrategia urgente: asegurar la presencia policial en zonas críticas mientras se diseñan mecanismos más contundentes para combatir el sicariato, el tráfico de drogas y la extorsión. Además, prolongar el estado de emergencia permitiría consolidar datos de inteligencia para planear intervenciones más focalizadas.
No obstante, la desconfianza persiste. Para muchos, la recurrencia del estado de emergencia refleja un fracaso en la prevención del crimen y un llamado urgente a replantear las políticas de seguridad con mirada de largo plazo.
