Congreso evaluará inhabilitar por 10 años a Mirtha Vásquez, lo que podría dejarla fuera de la contienda electoral
La expremier Mirtha Vásquez Chuquilín podría enfrentar una inhabilitación de hasta diez años si el Congreso aprueba el informe final de la Denuncia Constitucional 114 en la sesión programada para este lunes 29 de diciembre. El caso, que vuelve a situarla en el centro del debate político, ocurre luego de que anunciara su intención de postular al Senado en las Elecciones Generales de 2026. Esta información fue consignada inicialmente por Lima Gris, medio que viene siguiendo de cerca el proceso.
La sesión ha sido convocada para las 9:00 a.m. en la Sala Grau del Palacio Legislativo por el presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi. El punto central será el debate del documento aprobado previamente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que —con 12 votos a favor y 3 en contra— recomendó la inhabilitación por considerar que Vásquez habría incurrido en infracciones constitucionales y posibles responsabilidades penales.
De acuerdo con el informe, la exjefa del Gabinete habría vulnerado el artículo 45 de la Constitución, además de incurrir en presunta negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, contemplada en el artículo 399 del Código Penal. Las imputaciones se remontan a su periodo como presidenta interina del Congreso en 2021, donde se le atribuyen decisiones administrativas —como incrementos salariales y designaciones de personal— presuntamente realizadas sin el procedimiento institucional correspondiente y a pocos días de culminar su mandato.
Vásquez ha rechazado los cargos y cuestiona el proceso parlamentario. A través de la red social X, afirmó que se enteró de la citación por publicaciones en internet y no mediante una notificación formal, calificando el trámite como un acto de “persecución política” orientado a bloquear su candidatura.
De aprobarse la sanción, la ex premier quedaría impedida no solo de ejercer función pública, sino también de postular al Senado, afectando directamente su reciente inscripción con el partido Ahora Nación, vinculado a sectores de la izquierda democrática.
Desde algunas bancadas se sostiene que el informe representa un ejercicio legítimo de control político. Sin embargo, otros sectores —incluyendo analistas— advierten que el caso podría configurarse como una herramienta de exclusión electoral, en un contexto de tensión y disputa por el control institucional.
