Tenía la información al alcance de sus manos, pero poco le habría importado al burgomaestre Jorge Muñoz. Es por ello que la presidenta de la Comisión de Descentralización del Congreso, Norma Yarrow, sindicó a la autoridad edil de tener responsabilidad directa en lo ocurrido en Mesa Redonda el pasado jueves 30, pues sostiene la legisladora que hubo “omisión de funciones” de parte del alcalde de Lima.
“La responsabilidad del alcalde [Jorge Muñoz] es directa, ha habido omisión de funciones, en el 2017 hay un informe de comisión donde dice que Mesa Redonda debe ser cerrada, es una bomba de tiempo. Siempre ha habido problemas de hacinamiento, hay que hacer un trabajo intenso para darle esa calidad al comerciante. Ayer hubo incendio en Paruro, es una responsabilidad que esto esté en estas condiciones”, aseveró a RPP.
“Hay que preguntarle al señor Muñoz qué pasa con el plan maestro del centro histórico, porque debería competer también a Mesa Redonda. Yo siempre fui de los regidores que éramos la fiscalización, yo creo que Muñoz tenía buenas intenciones, pero se encontró con dificultades muy grandes, yo creo que le ha faltado liderazgo y capacidad para gerenciar una ciudad”, agregó.
Burgomaestre podría afrontar hasta dos años de pena privativa
Similar opinión tiene el abogado penalista Andy Carrión, quien considera que el alcalde Muñoz habría incurrido en el presunto delito de omisión de funciones, luego que se revelara que el almacén ilegal, donde se generó el incendio en Mesa Redonda, tenía una orden de desmantelamiento desde el 2017.
Como se recuerda, la Municipalidad de Lima aseguró que si bien se dictó una orden hace cuatro años para que los tres últimos pisos de la galería incendiada dejen de operar, los dueños de este predio, ubicado en el jirón Andahuaylas 1128 – 1138 (Cercado de Lima) “no acataron” la medida.
En esa línea, el experto recordó que la tarea de fiscalización del cierre de la galería le correspondía a ciertos funcionarios del municipio. Sin embargo, explicó que este presunto delito también alcanzaría al burgomaestre por no haber hecho cumplir la orden a sus subordinados.
“Dentro del ámbito jurídico, no solo el delito recae en la autoridad directamente vinculada para el cumplimiento de la orden. En este caso en específico, también recae en el propio alcalde al no hacer cumplir la misma a sus propios subordinados. Estamos hablando también de un delito de infracción de deberes. Los demás supervisores debían hacer cumplir la ley dentro de estos negocios”, añadió.
De acuerdo con el letrado, la pena por este tipo de delito es no mayor a dos años. “Es una pena en realidad muy baja para un delito cometido por un funcionario público”, explicó
