El secretario general del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón durante su gestión como gobernador regional de Junín, entre 2011 y 2014, contrató “a dedo” a empresas de familiares de Víctor Quispe Palomino.
En un informe de IDL Reporteros y del Programa Beto a Saber, se sustenta que sin contar con la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y sin la consulta previa al ministerio de Economía, el consorcio “Gran Aeródromo Wanka” (empresas GMN, Corporación Zayonn Contratistas y UNOS OG) ingresó en la construcción de un aeródromo regional, en septiembre de 2013.
Fueron S/ 366 millones a empresas vinculadas a Miguel Ángel Quispe Palomino, ya investigado por colusión con el Gobierno Regional de Pasco.
“Eran GMN –cuya accionista principal es Nataly De la Vega Estrada, expareja de Quispe Palomino–, y Corporación Zayonn Contratistas, de Tito Jacinto Quispe Palomino, hermano menor del empresario”, indica el informe de IDL, que tras el lamentable suceso, el MTC canceló los estudios técnicos y archivó el proyecto por tiempo indefinido; en tanto, Cerrón no se amilanó y cambió la denominación de aeropuerto internacional, por el de aeródromo regional, e insistió en llevar a cabo la obra sobre un terreno localizado a 15 kilómetros de Huancayo.
“Al final, con un nombre u otro, el aeropuerto internacional será una realidad, para lo cual seguiremos trabajando en conseguir los terrenos de Orcotuna y Sicaya”, anunció Cerrón durante una ceremonia de diciembre del 2012 al referirse a la zona donde tenía proyectada su construcción.
Allí apareció el consorcio “Gran Aeródromo Wanka”, tres empresas (GMN, Corporación Zayonn Contratistas y UNOS OG) agrupadas bajo esa denominación presentaron una iniciativa privada al Gobierno Regional de Junín con la promesa de hacer realidad la anhelada obra de Cerrón. El monto de inversión comprometido para la construcción del aeródromo fue de S/ 366 millones de soles y el plazo de ejecución fue fijado para dos años. A cambio, el consorcio solicitaba la cesión del título habilitante o permiso para operar por 15 años renovables.
Entonces, Cerrón aceptó las condiciones y dio autorización para la ejecución privada de la obra sin consulta previa al Ministerio de Economía y Finanzas ni a la Dirección General de Aeronáutica Civil, dos entidades competentes en acuerdos de ese tipo. El nuevo proyecto tuvo serios cuestionamientos y en aquel momento la alcaldesa de Orcotuna, Natali Macha Tacza, denunció que funcionarios del Gobierno Regional de Junín amenazaban a los agricultores con quitarle sus terrenos, si no aceptaban vendérselos al consorcio para llevar a cabo la obra.
