Una ‘joyita’ dentro del Consejo de Ministros. El tercer premier en tan solo seis meses del presidente Pedro Castillo no podría ser peor. Pareciera que el mandatario lo hace a propósito o tiene un serio desconocimiento de su entorno; ambas alternativas son totalmente válidas luego de casi medio año de desgobierno.
Héctor Valer Pinto, flamante primer ministro, tiene más denuncias que proyectos ley desde que asumió como congresista. Su hoja de vida está marcada por agresiones, investigaciones por parte de la Fiscalía, deudas tanto con Sunat como con su propio arrendador, y frases fuera de lugar en distintas ocasiones.
La más seria de todas esas denuncias es la que ocurrió en el 2016, cuando su esposa en vida, Ana Montoya, y su hija Catherine Valer Montoya, lo denunciaran por violencia familiar.
De acuerdo con la resolución judicial de febrero de 2017, ambas denunciaron al actual premier Valer por haberlas golpeado y pateado en el interior de su domicilio, esto ocurrido el 21 de octubre de 2016.
Catherine Valer señaló que el 21 de octubre, a las 23.30 horas, cuando se encontraba en su casa, en la calle Heinrich Hertz, fue agredida por su padre “quien le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo y jalones en el cabello”.
Por su parte, la fallecida esposa de Valer Ana Montoya señaló que su esposo “le propinó un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo”
Es así que la jueza Roxana Palacios señaló en la resolución que existe un certificado médico legal practicado a la esposa de Valer al día siguiente de la denuncia, del cual “fluye que existen indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto”.
Para la magistrada, esto determinó la existencia de “indicios suficientes” para dictar medidas de protección a Montoya. Sin embargo, consideró que no podía hacer lo mismo con su hija debido a que “no obra instrumental alguna que nos permitan determinar si efectivamente la citada persona se encuentra afectada físicamente con los hechos de violencia que se denuncian”.
Por estos motivos, la jueza dictó medidas de protección a favor de Montoya, entre las que estuvieron la prohibición a Valer de “cualquier conducta que constituya violencia o acoso en agravio” de ella, bajo la advertencia de ser denunciado por desobediencia o resistencia a la autoridad en caso de que incumpliera.
También se dispuso oficiar a la policía para que disponga personal que brinde “protección oportuna y eficaz” a la denunciante.
Pero eso no sería todo. El ahora premier Valer tiene una investigación de la fiscalía de Ucayali por presuntamente haberse beneficiado de forma irregular de un contrato con el alcalde de la Municipalidad de Coronel Portillo, Antonio Marino.
La Fiscalía encontró indicios de una probable colusión entre el alcalde y Valer en el año 2016 para que el hoy presidente del Consejo de Ministros sea beneficiario de un contrato de administración temporal del camal municipal por cinco años.
Asimismo, se reveló que empresas a nombre del actual premier presentar deudas con la Sunat. Al respecto, Valer refirió en el programa “Nada está dicho” que iba a averiguar y que “si realmente se debe, hay que cumplir”.
La cereza del pastel la detalla una ex vecina del premier Valer, que prefirió no brindar su nombre por temor a represalias. Cuenta la mujer que el actual primer ministro “se fue sin pagar más de 40 mil soles de alquiler a una amiga suya”.
“Mi amiga me ha contado que tiene un proceso judicial por desalojo por no pagar el alquiler, no pagó los alquileres y se fue sin pagar, el monto es de más de 40 mil soles”, agregó.
