El abogado Enrique Ghersi confía en que los tribunos del Tribunal Constitucional, priorizarán la defensa de la persona como fin supremo de la sociedad y el Estado, tal como señala la carta Magna.
Asimismo, opinó que, si el TC emite un fallo en favor de los aportantes de la ONP declarándolo constitucional, y el presidente Sagasti no cumple con los pagos a los jubilados, entonces, podría ser vacado por incapacidad moral.
El próximo miércoles 03 de febrero, el Tribunal Constitucional (TC) hará una audiencia sobre la Demanda de Inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo, contra la Ley 31083, que autoriza el retiro de fondos de los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), hasta por una UIT (S/ 4,400 soles).
En la sesión que se llevará a cabo la próxima semana, el magistrado José Luis Sardón de Taboada hará su ponencia y a partir de esa fecha tiene que transcurrir un plazo de 30 días hábiles, para elaborar la sentencia final, mediante los votos de los 7 magistrados; sin embargo, la premier Violeta Bermúdez viene sorprendiendo a la opinión pública con sus declaraciones en los medios, cuando afirma que solo falta una semana para que el TC resuelva la demanda y entonces, dizque acatarán lo que disponga el fallo; cuando en la práctica, ese fallo final, podría darse en los primeros días del mes de marzo; eso sin tomar en cuenta que el Congreso hoy día recién ha respondido la demanda interpuesta por el Ejecutivo, ya que tenía hasta este jueves 28 de enero para hacerlo.
Es decir, el gobierno sin necesidad de esperar el fallo del TC, ya está incurriendo en un acto ilícito, por el simple hecho de desacatar una norma nacional con rango de ley. En otros términos, ¿Quiere decir que el gobierno de Francisco Sagasti seguirá incurriendo en delito y no publicará el cronograma de pagos hasta marzo, en la medida que el fallo del TC declare constitucional la demanda?
Por su parte, Enrique Ghersi afirmó en una entrevista para Exitosa, que el presidente Francisco Sagasti podría enfrentar una vacancia por incapacidad moral al no acatar la norma, si los magistrados del TC fallan a favor de la devolución de aportes.
Aquí sus respuestas:
¿La Ley ONP vulnera la Constitución?
No viola ningún principio establecido de la Constitución, el cual dice que debe haber un principio previsional a través de una ley y si la modifican no se vulnera nada, sino, está dentro de lo establecido. Los tributos se dividen en tres y se clasifican en impuestos, contribuciones o tasas. Los impuestos como el IGV no se pueden devolver, pero los otros dos sí.
El presidente del Banco Central de Reserva (BCR) dijo que no se podría devolver los aportes. ¿Qué opina?
Sí; mi amigo Julio Velarde sostuvo que no se puede devolver los aportes porque es como devolver el IGV. Eso es una ignorancia monumental. Los aportes son contribuciones, por lo que es válido y legal devolverlo.
¿Cuánto puede influir la presión mediática en los magistrados?
Siempre influye. Creo que este Tribunal Constitucional es bastante inmune porque no le importa lo políticamente correcto. Ya vimos lo que pasó con las corridas de toros y la competencial de Martín Vizcarra. Me atrevería a decir que el TC es bastante maduro para dejarse influir. Aunque es cierto que algunos tienen una posición más mediática, como la presidenta del Tribunal, y otros, más jurídica.
¿Debería primar la supremacía de la persona?
Sí; desde un punto de vista filosófico, y en la práctica, con lo que he manifestado.
El Ejecutivo afirmó que no acatará la ley. ¿Es un mal precedente?
Es totalmente ilegal. No lo puede hacer. Si el Ejecutivo dice que no acatará una ley, nadie lo hará, se podrá tomar carreteras, ingresar a propiedades privadas, y no se podrá hacer nada. Si el TC la declara constitucional y no la cumple, puede enfrentar una causal de vacancia por incapacidad moral.
¿Se podría dar ese escenario?
Sí. Es más, en el caso de Sagasti, se le puede remover con una simple censura, porque es un presidente de la República encargado, porque es presidente del Congreso. Si pasa eso, Mirtha Vásquez, titular del Legislativo, pasaría a Palacio, y si no puede o no quiere, le correspondería a Luis Roel Alva.
¿El Ejecutivo podría ser acusado de otros delitos?
Si el gobierno no acata la ley, está fuera de lo legal y si es por mandato judicial, caería en el delito de desacato. Hasta la fecha lo ha estado incumpliendo, pero si se declara constitucional se debe devolver el dinero, de lo contrario Sagasti estaría en serios problemas, al igual que su ministro de Economía y la premier, por vulnerar la norma.
