Entre sanción y blindaje: el caso Lucinda Vásquez llega a la Comisión de Ética
La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República informó que abrirá una denuncia de oficio contra la congresista Lucinda Vásquez, luego de que se difundieran imágenes en las que personal de su despacho realiza tareas personales para ella —como hacerle la pedicura o cocinarle— en horario laboral. El hecho ha desatado críticas sobre el uso indebido de recursos públicos y la falta de límites en las funciones del personal parlamentario.
Según el comunicado oficial, “en aplicación del artículo 25° del Reglamento del Código de Ética Parlamentaria, la Comisión de Ética promoverá la denuncia de oficio en su próxima sesión ordinaria, para iniciar el procedimiento correspondiente y determinar las responsabilidades que pudieran existir”.
El caso se suma a una larga lista de episodios que ponen en entredicho la transparencia del Congreso. Mientras la comisión busca determinar si Vásquez vulneró las normas de conducta ética, la ciudadanía observa con escepticismo, recordando los constantes blindajes otorgados a otros legisladores en situaciones similares.
La Comisión, presidida por Edwin Vergara (APP), enfrenta así una nueva prueba de credibilidad. No solo deberá esclarecer si hubo abuso de poder y uso irregular de trabajadores del Estado, sino también demostrar que la ética parlamentaria no es una formalidad vacía, sino un principio que debe aplicarse con rigor.
La pregunta, sin embargo, sigue en el aire: ¿será esta una sanción ejemplar o un nuevo capítulo del blindaje político en el Congreso peruano?
