López Aliaga dejó a Lima hipotecada: una deuda millonaria por 20 años compromete cinco gestiones
La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) enfrenta una crisis silenciosa que amenaza con golpear su futuro económico durante las próximas dos décadas. Según el Informe N.º 60 del Consorcio Propuesta Ciudadana, titulado “Centralismo y privilegios fiscales”, la gestión de Renovación Popular —primero bajo el mando de Rafael López Aliaga y ahora continuada por Renzo Reggiardo— cuadruplicó el nivel de deuda municipal, alcanzando los 4,754 millones de soles proyectados para el 2025.
El informe detalla que gran parte del endeudamiento proviene de la emisión de bonos con vencimiento a 20 años, lo que compromete los ingresos municipales de al menos cinco futuras administraciones. Entre 2026 y 2030, Lima deberá destinar más de 2,700 millones de soles únicamente al pago de amortizaciones e intereses, con cuotas anuales que superarán los 600 millones en algunos años, de acuerdo al Consejo Fiscal (2024).
Estos compromisos financieros fueron asegurados mediante fideicomisos que retienen los ingresos del Foncomun y de los impuestos locales, limitando drásticamente la capacidad de la comuna para invertir en servicios, obras o programas sociales. En la práctica, Lima ha sido hipotecada a largo plazo.
El aspecto más polémico del caso es que toda esta operación se habría concretado sin el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El informe indica que la gestión de López Aliaga utilizó vacíos legales e interpretaciones convenientes para eludir las restricciones fiscales que rigen al endeudamiento de los gobiernos locales. “Este endeudamiento sin aval resulta una ficción legal: un artificio que disfraza la magnitud del riesgo financiero”, señala el documento.
De incumplirse los pagos, la deuda caería sobre el tesoro público municipal, lo que implicaría una carga directa para los contribuyentes limeños.
El Grupo Propuesta Ciudadana advierte, además, que los fondos obtenidos no se tradujeron en proyectos de impacto o infraestructura sostenible. Por el contrario, se registró un aumento del gasto corriente, especialmente en personal y consultorías, así como una gestión desordenada de concesiones y contratos públicos. Paralelamente, crecieron los conflictos internacionales ante el CIADI, vinculados a controversias con empresas concesionarias, lo que podría generar nuevos pasivos para el Estado peruano.
“La Municipalidad de Lima ha puesto en juego su autonomía financiera y, con ella, la estabilidad de la capital”, concluye el informe. En un escenario extremo de iliquidez, el Gobierno central tendría que intervenir para evitar el colapso de la comuna, usando recursos del tesoro nacional.
Hoy, mientras López Aliaga recorre el país en campaña presidencial, Lima carga con una deuda que se extenderá hasta el 2045. Una herencia pesada que plantea una pregunta inevitable: ¿qué quedó de los millones que hipotecaron el futuro de la ciudad?
