Más de 20 años después y las casi 1500 víctimas de esterilizaciones forzadas aún no encuentran algo parecido a justicia. Sus voces, sus declaraciones, sus historias no alcanzan para que los responsables caigan. Hace 20 años, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori, participaron del programa de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) sin tener pleno conocimiento de las instrucciones ni la supervisión posterior de ese tratamiento.
Debido a que se trata de un “caso complejo”, el juez Littman Ramírez Delgado, del Juzgado Penal Supraprovincial Liquidador Transitorio, decidió ampliar la investigación contra el ex mandatario Alberto Fujimori y los ministros Eduardo Yong, Marino Costa, Ulises Jorge, y Alejandro Aguinaga (este último actual parlamentario de Fuerza Popular, partido liderado por su hija, Keiko Fujimori), por el caso esterilizaciones forzadas extendiendo la investigación por 8 meses más.
Así, la decisión judicial emitida el 6 de enero expone: “Declarar de oficio compleja la causa penal seguida contra Alberto Fujimori Fujimori y otros por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud – lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos”.
En el documento, el magistrado explica que, tras la revisión del expediente, su despacho verificó que se concurre en cuatro causas legales para que se declare su complejidad: “(I) el importante número de procesados y sujetos pasivos, (II) la cantidad de medios de prueba por actuar o recabar, (III) las gestiones de carácter procesal a tramitar y (IV) las pericias a realizarse sobre los 735 sujetos pasivos comprendidos”.
Por ello, también se ordena que se reprogramen las fechas para la realización de las acciones de investigación que fueron admitidas en audiencia de presentación de cargos, del mismo modo se hará con las que serán ofrecidas por las partes procesales en su momento.
