Renuncia bajo sospecha: funcionario del Ministerio de Cultura deja el cargo tras resolución que modificó la protección de Nasca
El Ministerio de Cultura enfrenta un nuevo escándalo. Juan José Aldave Serna, hasta hace unos días director de Patrimonio Arqueológico Inmueble, presentó su renuncia tras firmar la Resolución N.º 000353-2025, una medida que modificó la protección de más de diez hectáreas de la zona arqueológica de Nasca y Palpa, bajo el argumento de una “actualización técnica”.
Aunque el documento se presentó como un simple ajuste administrativo, su efecto ha sido alarmante: amplía las posibilidades de intervención en terrenos arqueológicos donde por siglos no se había permitido actividad alguna. Detrás de esta decisión, diversas voces señalan presiones políticas y económicas que apuntarían al impulso de proyectos vinculados a la minería informal.
Uno de los principales promotores del cambio sería Jorge Bravo, alcalde de Nasca y militante de Alianza para el Progreso (APP), quien ha insistido en la construcción de un aeropuerto bajo el discurso del “desarrollo turístico”. Sin embargo, especialistas y vecinos de la zona advierten que el verdadero interés detrás de esta propuesta sería facilitar el acceso de mineros informales que operan en las pampas y trasladan oro sin control estatal.
La renuncia de Aldave fue aceptada mediante la Resolución Ministerial N.º 000304-2025-MC, firmada por el ministro de Cultura, Alfredo Luna Briceño. Sin embargo, el ministerio ha evitado ofrecer explicaciones sobre el motivo de la salida, lo que ha incrementado las sospechas.
“¿Renunció Aldave o lo renunciaron?” es la pregunta que muchos se hacen. La falta de transparencia en torno al proceso ha generado críticas hacia la gestión del ministro Luna, a quien se acusa de encubrir decisiones que favorecen intereses ajenos a la protección cultural.
Este episodio expone, una vez más, la fragilidad institucional del sector Cultura. Lo que debería ser una defensa firme del patrimonio nacional parece haberse convertido en un terreno donde los intereses políticos y económicos pesan más que la historia del país.
En el Perú, donde la riqueza arqueológica debería ser orgullo nacional, la cultura parece haberse transformado en un negocio subterráneo: uno que se mide no en conocimiento, sino en oro.
