
El gobierno peruano recibió una señal clara de Washington: el Departamento de Estado aprobó la notificación formal a su Congreso para la posible venta militar de 12 aviones de combate F-16 Block 70 a Perú, valorada en USD 3,420 millones, según informó la Defense Security Cooperation Agency (DSCA).
El paquete ofertado incluye 10 aviones F-16C y 2 F-16D, acompañado de 14 motores F110-GE-129, radares AESA AN/APG-83, misiles AIM-120 AMRAAM, Sidewinder AIM-9X, cañones, sistemas de navegación, equipos de misión, radios tácticas, identificadores amigo-enemigo, entrenamiento y demás soporte logístico.
El F-16 Block 70 se presenta como una máquina de última generación: diseño estructural renovado para sobrepasar las 12,000 horas de vuelo, motor potente, radar moderno y capacidades multirrol.
Funcionarios estadounidenses aseguran que esta venta no alteraría el equilibrio militar en la región, sino que fortalecería la capacidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) para defender su espacio aéreo y efectuar operaciones de precisión, especialmente en contextos de seguridad y lucha antiterrorista.
Hasta ahora, el Ministerio de Defensa peruano no ha emitido un comunicado oficial que confirme aceptación del paquete o preferencia por un modelo específico. Las negociaciones aún se encuentran en fase de evaluación técnica, presupuestal y diplomática.
¿El Gobierno realmente tiene la plata para eso sin afectar otras prioridades nacionales? Esa es la pregunta que debería estar encima de la mesa antes de firmar algo tan grande como los F-16. Porque en medio de hospitales colapsados, déficit fiscal en recuperación y protestas por falta de presupuesto en regiones, una compra de más de 3,400 millones de dólares no es solo un tema militar: es una señal política sobre cuáles son las verdaderas prioridades de la administración Boluarte.