Martín Vizcarra, y sus exministros de Salud, Víctor Zamora, Pilar Mazzetti, Óscar Ugarte, María Antonieta Alva (titular del MEF), Vicente Zeballos (premier) y otros funcionarios como Fiorella Molinelli (EsSalud), Farid Matuk y Antonio Quispe (ambos miembros de Prospectiva) fueron los responsables directos de adoptar las medidas preventivas para detener la pandemia de la covid-19.
Sin embargo, luego de los resultados catastróficos y del vil ocultamiento de cientos de miles de muertos por causa de la Covid, y aunque la prensa “comprada” también haya sido cómplice de tal despropósito, todos ellos ya tienen que ser denunciados por crímenes de lesa humanidad y genocidio, por haber realizado una acción sistemática de exterminio masivo.
La misma opinión es compartida por los miembros de la Comisión Especial para el sinceramiento de las cifras de fallecidos por Covid-19 del Congreso, tras conocerse, que desde el Gobierno recién se ha actualizado la cifra de 69,342, a 180,764 decesos oficiales por la Covid, hasta el 22 de mayo de 2021.
Estas cifras que fueron ocultadas por el gobierno de Vizcarra, se revelaron gracias al Grupo de Trabajo Técnico (GTT), que se creó el 13 de abril, y que determinó la cantidad de 5,484 muertos por millón de habitantes en nuestro país, y que nos ubica en el primer lugar en mortalidad en el mundo y en un lamentable quinto lugar en cantidad de muertos, luego de Estados Unidos, Brasil, India y México.
Cabe recordar que durante el mandato de Martín Vizcarra, en pleno inicio de pandemia, el 27 de marzo de 2020, la Contraloría General de Republica, emitió un informe oficial, luego de que el gobierno publicara el Decreto Supremo de fecha 19 de marzo, que ordenaba adquirir las pruebas rápidas, donde advirtieron que estas pruebas no debían adquirirse, ni utilizarse, porque son un riesgo para la salud de las personas, ya que, a través de ellas se obtenían resultados con falsos negativos y por tanto, no se podía acceder a una atención hospitalaria, porque en el falso certificado decía negativo.
Pese, a que ese informe llegó a todos los despachos ministeriales a través de varios correos confidenciales, el gobierno vizcarrista y sus funcionarios no se inhibieron y continuaron en su operación de comprar pruebas rápidas; en lugar de adquirir pruebas moleculares, camas UCI, y plantas de oxígeno; entre tanto, todo ello se configuró como una acción sistemática porque, gracias al informe de Contraloría, el dolo está casi probado.
Asimismo, el vocero de Acción Popular (AP) Franco Salinas, sostiene que la cifra real de fallecidos dada recientemente por el Ejecutivo, amerita una denuncia constitucional por crímenes de lesa humanidad y genocidio para Vizcarra y sus ministros que manejaron la pandemia desde marzo de 2020:
“Estoy evaluando presentar una denuncia constitucional por crímenes de lesa humanidad y genocidio a Vizcarra, Víctor Zamora, Pilar Mazzetti y María Antonieta Alva, por este pésimo manejo de la pandemia y por ocultamiento de la verdad respecto a los decesos. Hubo un manejo negligente de las cifras y eso debe sancionarse”, manifestó.
A su vez, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Omar Chehade aseveró que, sea este Congreso o el que asuma desde el 28 de julio próximo, tendrá que crear una nueva Comisión de la Verdad para determinar además de las cifras reales de personas fallecidas, las responsabilidades penales, civiles, políticas y administrativas que hubiera:
“Si hubo Comisión de la Verdad por 69 mil muertos por el terrorismo en 15 años, con mayor razón debería existir por 180 mil muertos en apenas un año, vergüenza nacional del régimen de Vizcarra y el gobierno morado, que escondan cifras”.
Por su parte, los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos de Desastres del Congreso pidieron a Francisco Sagasti determinar las responsabilidades conforme al subregistro de fallecidos por la Covid-19 y en caso lo ameriten, aplicar las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables.
Este grupo congresal mediante un pronunciamiento recordó que. “desde el 1 de diciembre de 2020 se aprobó un informe sobre la cifra de fallecidos a consecuencia de la pandemia Covid-19 al mes de octubre de 2020”; allí se concluyó que las cifras de muertos que fueron reportados por el Minsa, Diresas Geresas y el Sinadef, no tenían relación entre ellas; complicando de esa manera una gestión de trabajo que diera con las cifras reales de fallecidos por la Covid-19 y evidenciando así un subregistro, que hoy ha sido descubierto.
“Ante tal problemática, solicitamos a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Pedro Castillo que prioricen en su respectivo Plan de Gobierno el fortalecimiento del sistema de salud para atender oportunamente la crisis sanitaria por la Covid-19 que venimos atravesando”, dice un párrafo del pronunciamiento de la Comisión Especial.
Finalmente, el vicepresidente de la Asociación de Víctimas y Afectados-Covid Perú (AVA Covid), Yorry Wharton, recordó que en marzo de 2021 presentaron una denuncia penal contra Vizcarra y los que resulten responsables por el delito contra la humanidad en la modalidad de genocidio y el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en agravio de la sociedad peruana. Sin embargo, hasta el momento, la denuncia con Carpeta Fiscal 58-2021, aún se encuentra en la Secretaría General de la Fiscalía de la Nación y el estado legal del proceso continúa “en trámite”:
“En nombre de las familias peruanas que claman justicia y quedaron devastadas, fruto del desprecio a la vida demostrado por el expresidente Vizcarra, es imperioso acelerar el proceso y lograr una condena por el delito de genocidio”, manifestó Wharton, y agregó que Vizcarra encarna “la peor gestión del mundo respecto al manejo y el tratamiento de la crisis sanitaria”.
