TC archiva el Caso Cócteles: Keiko Fujimori queda libre de toda investigación por lavado de activos y organización criminal
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú resolvió a favor de Keiko Sofía Fujimori Higuchi, dejando sin efecto todo el proceso en su contra por el denominado Caso Cócteles. En su resolución, el TC declara fundada la demanda de habeas corpus presentada por su abogada Giulliana Loza y anula todas las actuaciones fiscales y judiciales desde el inicio de la investigación, incluidas las acusaciones más recientes del 2025.
El documento oficial señala que se declaran nulas y sin efecto las resoluciones emitidas por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que rechazaban las excepciones planteadas por la defensa de Fujimori. Además, el Tribunal ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional acatar su decisión y archivar definitivamente el proceso.
Con este fallo, queda sin efecto toda la Carpeta Fiscal 55-2017, que acumulaba los casos 80-2017 y 12-2016, en los cuales la Fiscalía acusaba a la lideresa de Fuerza Popular de lavado de activos y organización criminal por presuntos aportes ilícitos en sus campañas presidenciales del 2011 y 2016.
El impacto político y judicial es enorme: la decisión anula casi una década de investigación del equipo especial Lava Jato, dirigido por el fiscal José Domingo Pérez, quien había solicitado 30 años de prisión para Fujimori.
Mientras tanto, diversos sectores han criticado la medida como un duro golpe al sistema anticorrupción, señalando que sienta un precedente que podría beneficiar a otros implicados en casos similares. “Es una sentencia que liquida años de trabajo y refuerza la sensación de impunidad”, comentan analistas.
En contraste, el entorno de Keiko Fujimori celebró el fallo como una “victoria de la justicia constitucional”. Giulliana Loza, su abogada, declaró que “se ha reivindicado el debido proceso” y que el TC “puso fin a una persecución política”.
El fallo del Tribunal Constitucional marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en el Perú, y plantea un interrogante profundo: ¿es este el cierre de una etapa judicial o el inicio de una nueva crisis institucional?
