Juan José Santiváñez, titular del Ministerio de Justicia, vive horas decisivas. Los audios recientemente filtrados lo sitúan en el centro de una presunta red de tráfico de influencias: se menciona el apoyo de dos magistrados del Tribunal Constitucional y una suma de 20,000 dólares para favorecer decisiones judiciales. La revelación ha encendido las alarmas en el Ejecutivo y el Congreso.
Santiváñez ha salido al frente. Niega cualquier conducta ilícita, sostiene que las grabaciones no tienen valor probatorio y acusa a fiscales de filtrar material lacrado en lo que llama una “actuación criminal”. También ha criticado a medios de comunicación, a los que acusa de construir un relato condenatorio antes de que existan pruebas concluyentes.
Sin embargo, la investigación preliminar sigue su curso. El Ministerio Público ya ha ordenado diligencias y pericias de los audios para determinar su autenticidad. Si las pruebas confirman las sospechas, el caso podría escalar a una acusación formal y comprometer seriamente su permanencia en el cargo.
La crisis de Santiváñez no es solo personal: es un termómetro de la fragilidad institucional. La pregunta es si el Gobierno sostendrá a su ministro o si la presión política terminará por cobrar una nueva cabeza en Palacio.
