Por favorecer a empresas en los trabajos de conservación y/o rehabilitación de carreteras durante su gobierno, el ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos fue condenado a 19 años de prisión por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional.
Esta sentencia (9 años por delito de colusión agravada y 10 años por lavado de activos) se debe a las irregularidades cometidas cuando ejerció como gobernador regional de Cajamarca.
El Juzgado Penal Colegiado también sentenció a otros implicados, como Mario Montes Samaniego, quien recibió 16 años de prisión; Antonio Medina Centurión y Mario Cueva Carranza, que fueron sentenciados a 7 años.
Asimismo, César Marcelo Estela Castañeda fue condenado a 6 años de cárcel y Maritza Ayala Sínchez recibió 8 años de prisión. En tanto, Santos Guerrero fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 3 años y 8 meses.
De igual modo, el tribunal impuso consecuencias accesorias de suspensión de actividades a las empresas Constructora Aterpa Sucursal Perú, Project Construction SAC, Industrial Gráfica San Remo SAC y otras.
Según el fallo, Gregorio Santos negoció y obtuvo el pago de 5 millones 285 mil 800.52 soles, equivalente al 7,5% del costo total de las obras de rehabilitación de carreteras que el GORE Cajamarca contrató con la sucursal peruana de la constructora brasileña en el 2011.
La fiscalía acusó a Santos Guerrero de haberse coludido con empresas para entregarles la buena pro de concursos públicos por el servicio de gestión y conservación de carretera Choropampa-Cospan-Huallobamba en La Libertad y otras.
Por las transferencias bancarias se ha podido establecer que dicha comisión ilícita se dividió en tres partes: el exgobernador regional recibió 2 millones 114 mil 320.20 soles, equivalente al 40% del monto total.
Cabe indicar que Gregorio Santos cumple otra condena de 19 años y 4 meses de prisión efectiva por los delitos de asociación ilícita y colusión al promover que el empresario Wilson Vallejos Díaz se adjudique 12 obras públicas licitadas por la entidad Pro-región, por 133 millones de soles.
Tras dictarse esta primera sentencia, el exfuncionario estuvo prófugo de la justicia desde enero del 2020. Finalmente, fue capturado cinco meses después -el 25 de junio- en un operativo policial en la provincia de Rioja, en la región San Martín.
