La Policía Nacional del Perú (PNP) atraviesa una etapa de visibilidad intensa: está siendo cuestionada, evaluada y operando bajo presión. Desde operaciones en protestas hasta filtraciones de datos internos, la institución vive una dinámica en la que sus acciones y omisiones están bajo lupa.
Uno de los puntos más críticos es el número de policías implicados en delitos. Según datos oficiales, desde enero hasta agosto de 2025 casi 1.000 efectivos han sido detenidos presuntamente por cometer actos ilícitos, y más de 1.300 denuncias formales están siendo investigadas a nivel administrativo y penal. Las acusaciones abarcan casos de violencia contra la mujer, corrupción, delitos contra la administración pública, participación en tráfico de drogas y otros crímenes graves.
Este escenario se combina con una demanda social creciente de seguridad efectiva. Las protestas de transportistas, por ejemplo, han expuesto la tensión entre el reclamo legítimo de ciudadanos y la necesidad de mantener el orden público. En esos episodios, la PNP ha desplegado miles de agentes —en algunos casos más de 2.000 efectivos para los operativos especiales— con el objetivo de resguardar la seguridad y asegurar el libre tránsito. Al mismo tiempo, hay críticas respecto a que los bloqueos de calles y el apagado de motores afecten a quienes no participan en las movilizaciones.
La Defensoría del Pueblo ha sido clara al respecto: considera que la PNP debería declararse en situación de emergencia institucional. Según sus reportes, la institución enfrenta carencias logísticas, vacíos en la infraestructura, recursos insuficientes para responder a la magnitud de los conflictos, y una capacidad cuestionada para prevenir que se vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Por último, en medio de estos problemas internos y sociales, la PNP también busca demostrar respuesta activa: detiene a extranjeros por infracciones migratorias, interviene en bloqueos de vías, coordina con otras instituciones en operativos preventivos, y afirma que su oferta de vehículos en los momentos de paro ha sido suficiente para atender la demanda ciudadana. Sin embargo, los ciudadanos siguen esperando resultados concretos, ya que los actos de violencia, la inseguridad ciudadana y los casos de corrupción erosionan la confianza en la institución.
