Partidos en modo defensa: se desligan de militantes vinculados a ‘el Monstruo’
La detención de Erick Moreno Hernández, alias ‘el Monstruo’, en Paraguay ha desatado una ola de reacciones en Perú que ahora golpea directamente a la política partidaria. Un informe de El Comercio reveló que al menos nueve presuntos miembros de su organización criminal, Los Injertos del Cono Norte, figuraban como militantes activos en cuatro partidos políticos. Lo que parecía una hipótesis —que el crimen organizado estaba infiltrando estructuras legales— empieza a materializarse. Y lo más inquietante: todo indica que no solo buscaban protección, sino poder.
Renovación Popular fue uno de los primeros en reaccionar, suspendiendo a Óscar García Tinoco, luego de “tomar conocimiento de presuntos actos delictivos”. Ahora Nación hizo lo propio con Luis Gamarra Miñano, implicado en una investigación por crimen organizado. Libertad Popular también se desmarcó de Verónica Quispe Coronado, y el partido PRIN pidió la suspensión e inhabilitación de dos afiliados más. Las medidas, aunque correctas en forma, parecen tardías en fondo: los partidos reaccionaron solo después del escándalo mediático.
El verdadero problema no es la presencia de nombres vinculados al delito, sino la estructura que permitió que se filtraran. Ninguna de estas agrupaciones detectó —ni contuvo— la infiltración hasta que los datos fueron expuestos públicamente. Tampoco queda claro si estas personas accedieron a beneficios, cargos o candidaturas mientras actuaban como operadores de una red criminal. En la práctica, el narcotráfico y la extorsión estarían usando el sistema político como fachada de legitimidad.
A medida que avancen las investigaciones, podría destaparse una red aún más amplia: un brazo político construido a la sombra del crimen. Si ‘el Monstruo’ tenía informantes en la Policía, ¿por qué no los tendría también en el Congreso, en gobiernos locales o en partidos en formación? La clase política debe entender que ya no se trata solo de blindarse comunicacionalmente, sino de asumir que la política ha sido vulnerada. Y que, quizá, parte del daño ya esté hecho.
