Maquillaje para la crisis: buses con policías, pero sin seguridad

El Ministerio del Interior anuncia acompañamiento policial en el transporte público tras ataques armados, pero choferes y gremios denuncian que la medida solo disimula una extorsión estructural que lleva años creciendo a la sombra de la inacción estatal.

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Desde este lunes 29 de septiembre, los buses de transporte público en distritos como San Juan de Lurigancho circulan con resguardo policial. La decisión, tomada tras varios atentados armados contra choferes, busca contener una crisis que ya paralizó rutas enteras. Pero para quienes viven el día a día en las pistas, la medida apenas alivia el miedo: la amenaza real no son los balazos de ayer, sino las mafias que extorsionan con impunidad desde hace años.

Casos como el de la empresa La Roma, que retomó sus operaciones pese al peligro, reflejan una dura realidad: se vuelve a manejar por necesidad, no porque haya garantías. “Tenemos miedo de morir… pero hay que trabajar”, resume un conductor, con resignación. La policía está, sí, pero la extorsión sigue viva y silenciosa, como si nada hubiera pasado.

Mientras unos vuelven, otros se bajan del volante. La empresa Huáscar suspendió todos sus servicios ante lo que califica como una respuesta “insuficiente” del Ejecutivo. De sus más de 300 unidades, solo 10 salieron a operar. Los choferes han sido amenazados, baleados y asesinados. ¿Cómo confiar en una patrulla si no hay voluntad de desmantelar las redes criminales que controlan el territorio?

El acompañamiento policial parece más un gesto de reacción mediática que una estrategia real. Una medida cosmética que busca contener la presión social, no resolver el conflicto. Sin una política integral de seguridad urbana, sin inteligencia criminal sostenida y sin protección legal para los trabajadores, el gobierno solo gana tiempo… mientras la extorsión sigue ganando poder.

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