Líneas de Nasca: patrimonio en riesgo y la sombra de la minería informal
El levantamiento de la protección sobre la Parcela 3 en Nasca expone una alarmante negligencia institucional del Ministerio de Cultura. Mientras las autoridades locales promueven la construcción de un aeropuerto en una zona con vestigios arqueológicos comprobados, la sombra de la minería informal y los intereses privados se ciernen sobre un patrimonio milenario que el Estado parece dispuesto a sacrificar en nombre del “desarrollo”.
Nasca vuelve a estar bajo amenaza. La Parcela 3 —una zona arqueológica que debía mantenerse bajo protección estatal— ha perdido su resguardo legal debido a la omisión del Ministerio de Cultura. Este reportaje detalla cómo una serie de resoluciones internas y pronunciamientos técnicos permitieron allanar el terreno para la construcción de un aeropuerto sobre un espacio que debía permanecer intocable por su valor patrimonial.
El reciente retiro de protección de la Parcela 3 en Nasca confirma, una vez más, que el Ministerio de Cultura (Mincul) parece enfocado en todo, menos en proteger efectivamente el legado cultural del país. Luego de la polémica Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC, emitida en mayo de 2025 por la viceministra Moira Novoa Silva, que buscó reducir el perímetro intangible de las Líneas de Nasca y Palpa, ahora se consuma un hecho aún más preocupante: la Parcela 3, situada en la Pampa del Inca-Pacheco-Cahuachi, ha perdido su condición de intangibilidad, a pesar de que existen evidencias arqueológicas comprobadas.
La situación cobra un matiz más grave al considerar que en esos mismos terrenos, el alcalde de Nasca, Wilman Jorge Bravo Quispe (Alianza para el Progreso), impulsa un proyecto millonario para la construcción de un nuevo aeropuerto. La coincidencia entre el levantamiento de la protección patrimonial y los intereses de expansión urbana genera serias dudas sobre las verdaderas prioridades del Mincul en materia de conservación cultural.
Tras el retiro de la protección, un funcionario del Mincul renunció
Según documentos oficiales, la Resolución Directoral N.º 000353-2025-DGPA-VMPCIC/MC, firmada el 1 de octubre de 2025 por el entonces director general de Patrimonio Arqueológico Inmueble, Juan José Aldave Serna, modificó la norma que protegía más de diez hectáreas de la Parcela 3. Curiosamente, Aldave presentó su renuncia poco más de un mes después de haber suscrito la resolución. Su salida abrupta ha dejado abierta la pregunta sobre los motivos detrás de los cambios repentinos en la política de protección patrimonial.
El informe técnico que sirvió de base para justificar el recorte fue elaborado por el arqueólogo Johny Isla Cuadrado, cuestionado por diversos sectores del gremio por su interpretación de las evidencias arqueológicas. Isla concluyó que en la zona ya no existían geoglifos visibles, argumento que permitió al Mincul modificar la delimitación y retirar la protección provisional de la Parcela 3.
Otros funcionarios del Mincul respaldaron la desprotección
La decisión no fue aislada. Estuvo respaldada por varios funcionarios del Ministerio de Cultura que avalaron la medida. Entre ellos figura la asistente legal de la DGPA, Anny Sabel Ríos Dávila, quien a través del Informe N° 000356-2025-DGPA-VMPCIC-ARD/MC, del 29 de septiembre de 2025, recomendó modificar la resolución que garantizaba la protección provisional del sector Parcela 3. En su documento, Ríos Dávila propuso emitir una nueva resolución alegando la necesidad de “ajustes técnicos” en la delimitación del área y las medidas de protección.
Asimismo, el director de Catastro y Saneamiento Físico Legal, arqueólogo Gilberto Martín Córdova Herrera, remitió el 12 de septiembre el Memorando N° 001512-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC/MC a Aldave Serna, respondiendo una solicitud de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica sobre la modificación del polígono de protección provisional. Córdova basó su recomendación en el informe de inspección de Johny Isla y adjuntó planos técnicos que sustentaban la nueva delimitación.
Ese mismo día, su subordinado, el arqueólogo Luis Diego Milla Simón, envió el Informe N° 000228-2025-DSFL-DGPA-VMPCIC-LMS/MC, donde reconocía que la Parcela 3 contaba con protección temporal desde la Resolución Directoral N° 0202-2024-DGPA-VMPCIC/MC, emitida en noviembre de 2024.
En dicho informe, Milla Simón confirmó la existencia de un geoglifo trapezoidal de aproximadamente 22 metros dentro del área destinada al proyecto aeroportuario, aunque recomendó modificar la protección alegando que la obra respondía a un “proyecto de interés público y nacional”. Además, destacó la transferencia interestatal que el alcalde Bravo Quispe gestionaba ante la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN).
Estos informes evidencian cómo el Mincul permitió priorizar un proyecto urbano sobre la preservación del patrimonio arqueológico, aun contando con pruebas concretas de la existencia de geoglifos en el área.
Nasca entre el desarrollo urbano y la conservación patrimonial
La población de Nasca reconoce la necesidad de un aeropuerto para reactivar el turismo, pero al mismo tiempo rechaza que se construya en una zona declarada intangible. Los habitantes saben que las Pampas de Nasca y Palpa albergan vestigios arqueológicos únicos en el mundo, y temen que la pérdida de protección legal derive en su destrucción irreversible.
En las últimas décadas, el turismo en Nasca ha caído drásticamente; hoy resulta inusual ver visitantes extranjeros en sus calles. Este declive coincide con la falta de planificación y la incapacidad del Ministerio de Cultura para proteger el patrimonio existente. Incluso el aeródromo actual, donde despegan las avionetas turísticas, pudo ampliarse, pero no se hizo por omisiones del propio Mincul.
Además, pocos saben que la Parcela 3 ya está parcialmente ocupada por empresas agroexportadoras y mineras. En 2015, el entonces alcalde Canales Velarde intentó reservar el terreno para expansión urbana y aeroportuaria, pero el Mincul se opuso por la existencia de restos arqueológicos. En noviembre de 2024, el propio ministerio confirmó esa evidencia mediante la Resolución Directoral N.º 000202-2024-DGPA-VMPCIC/MC, ordenando el desalojo de ocupantes. Hoy, sin embargo, esas áreas están copadas por operaciones privadas y mineras.
El interés detrás del recorte de protección
El argumento de que los terrenos son ahora agrícolas y carentes de geoglifos despierta suspicacias. ¿Qué motivó realmente la decisión?
En 2022, la Municipalidad de Nasca aprobó un Plan Territorial y de Urbanización; un año después habría contratado una consultora para definir nuevas zonas urbanas, aunque la ordenanza respectiva aún no se publica. Esta omisión coincide con el avance de la minería informal y las agroexportadoras que operan en la Parcela 3, muchas con terrenos removidos y sin control estatal.
El alcalde Wilman Jorge Bravo Quispe, al no aprobar el plan de urbanización y continuar titulando tierras eriazas, genera sospechas sobre posibles conflictos de interés. Esta situación podría allanar el camino para la legalización irregular de predios mineros o la expansión urbana con fines privados, en detrimento de la protección cultural.
Minería informal, ocupación y precariedad
La Parcela 4, contigua a la Parcela 3, muestra un escenario similar: plantas mineras han invadido el terreno, pese a que también debía estar protegido. Hoy la zona luce con relaves, viviendas improvisadas y sin servicios básicos, reflejo del crecimiento desordenado e informal que el propio Mincul ha permitido.
Estas decisiones revelan una preocupante permisividad institucional frente a la depredación del patrimonio y la priorización de intereses económicos sobre la conservación arqueológica y la calidad de vida de los ciudadanos.
En realidad, el proyecto del aeropuerto parece responder menos a un plan turístico y más a una estrategia para fortalecer la minería informal. En los alrededores de la Parcela 3 operan decenas de plantas auríferas ilegales, sin licencias ambientales ni control estatal. Diversas fuentes señalan que la futura pista de aterrizaje facilitaría el transporte de maquinaria pesada, combustible y cargamentos de mineral, consolidando una economía paralela que evade impuestos y destruye el entorno arqueológico. Nasca, en lugar de ser un destino cultural, corre el riesgo de transformarse en un corredor logístico de la minería informal, con la anuencia tácita del Ministerio de Cultura.
La voz de los ciudadanos y especialistas
Consultados por este medio, los pobladores coinciden en que un aeropuerto es necesario, pero no en la Parcela 3. Estudios técnicos advierten que la dirección de los vientos hace inviable la construcción en esa zona, información que el propio alcalde conoce.
La pregunta es clara: ¿quién se beneficia realmente de esta ubicación? ¿Se busca promover el desarrollo o revalorizar terrenos con fines privados bajo el discurso de un “proyecto de interés nacional”?
¿Un Ministerio de Cultura contra el patrimonio?
A través de resoluciones, memorandos e informes, el Mincul permitió que la Parcela 3 perdiera su protección a pesar de las evidencias arqueológicas. Las acciones de sus funcionarios —desde Aldave Serna y Ríos Dávila, hasta Córdova Herrera, Milla Simón y Johny Isla— delinean un patrón de decisiones que favorecen intereses ajenos al mandato de conservación cultural.
La entidad que debería ser garante del patrimonio arqueológico ha renunciado a su función esencial, priorizando trámites administrativos y tecnicismos que, en la práctica, legitiman la pérdida de protección sobre un legado milenario.
El retiro de la protección de la Parcela 3 no es un hecho aislado, sino un reflejo de cómo el Ministerio de Cultura ha claudicado en su deber constitucional. Mientras el Estado abre camino a intereses económicos, los geoglifos —símbolo del ingenio y espiritualidad de una civilización ancestral— quedan expuestos al olvido y la destrucción.
Nos comunicamos con el alcalde de Nasca, Jorge Bravo, para conocer su posición, pero hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta.
La situación exige una revisión profunda del rol institucional del Mincul y la implementación de controles efectivos que garanticen que el patrimonio arqueológico de Nasca —y del Perú— no sea sacrificado bajo el pretexto del desarrollo. La transparencia, la rendición de cuentas y la defensa del patrimonio no son concesiones: son deberes que el Estado está dejando de cumplir.
