Se va cerrando el cerco. El juez Manuel Chuyo dictó impedimento de salida del país a los sobrinos del presidente Pedro Castillo y otros investigados por el presunto delito de colusión agravada y organización criminal en agravio del Estado.
El magistrado indicó que la imposición de medida de coerción, solicitada por el Ministerio Público, se justifica porque existen actos de investigación y diligencias pendientes en el caso construcción del puente vehicular Tarata, región San Martín, proceso convocado por Provías, que requieren la presencia de los investigados.
Más temprano, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, se allanaron al pedido de impedimento de salida del país, solicitado por el Ministerio Público en el marco del caso Provías Descentralizado.
«Se requiere el impedimento de salida para que mi patrocinado no salga del país. Señor juez, mi patrocinado no puede ni salir a la calle, porque tiene orden de detención. Hay una sustracción», manifestó el abogado de los sobrinos del mandatario.
«Independientemente de este argumento y las discrepancias jurídico-académica que yo pueda tener con relación al requerimiento, debo expresar que nuestra parte no va a formular una oposición y nos vamos a allanar, porque quiero expresar, de parte de esta defensa, en nombre de mis patrocinados, que no tienen ninguna intención de abandonar el país», sentenció.
Sustentación del impedimento de salida
En la audiencia, la fiscal Karla Zecenarro recibió 30 minutos para poder presentar parte de su sustento. La representante del Ministerio Público comenzó señalando la responsabilidad que se le atribuye al empresario Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado, miembro del comité de selección de la licitación pública.
«Se le atribuye el delito de colusión agravada por cuanto, aprovechando su condición de miembro del comité de selección de esta licitación, habría concertado ilícitamente con los coinvestigados Víctor Rony San Miguel Velásquez, Héctor Pasapera Adrianzén, representantes del consorcio Puente Tarata, y también con los señores George Pasapera Adrianzén, que era representante de la empresa Termirex, que formaba parte del consorcio,
«(…) para efectos de favorecerlo con la buena pro, pese a que no cumplía con los requisitos necesarios, además, efectuando acciones de postergación de fechas de presentación de propuestas y avalando una propuesta de un grupo económico que no debió ser validada y no debió ser admitida para que pueda pasar a las etapas siguientes», indicó.
Del mismo modo, Zecenarro atribuyó a los miembros del comité, dentro de los hechos del proceso de selección, una presunta concertación ilícita, entre Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado, y Alcides Villafuerte Vizcarra, encargado de la gerencia de obras en aquel momento.
La fiscal indicó que entre los delitos que se les atribuye a estas 11 personas se encuentra el tráfico de influencias en el caso de Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente Castillo, además de colusión y organización criminal, así como falsa declaración y falsificación de documentos. Se estima que la audiencia se prolongue por los próximos días.
