El narcotráfico se ha convertido en una sombra latente que crece sobre la Amazonía peruana, dejando tras de sí violencia, despojo de tierras y líderes indígenas asesinados. Un estudio conjunto de AIDESEP, ORAU, el Instituto del Bien Común (IBC) y Amazon Watch revela que al menos 274 comunidades indígenas están amenazadas por rutas de cultivo ilícito de coca, pistas de aterrizaje clandestinas y ocupaciones ilegales.
En los últimos cinco años (2020-2025), se han documentado 27 asesinatos de líderes indígenas en la Amazonía vinculados al narcotráfico, tal como lo señalan los mismos informes. Además, más de 13,000 hectáreas de cultivos de coca se encuentran dentro de territorios indígenas, lo que alimenta el conflicto territorial y la contaminación ambiental.
La ausencia de títulos de propiedad colectiva se destaca como un factor determinante de vulnerabilidad. Más de 717 comunidades indígenas carecen de reconocimiento legal pleno de sus tierras, lo cual facilita que mafias, colonos o intereses extractivos invadan sin sanción contundente.
Las regiones más afectadas incluyen Ucayali, Loreto, Madre de Dios y las zonas fronterizas con Colombia y Brasil. Allí, quienes defienden el bosque sienten que el Estado no aparece o lo hace de manera tardía: denuncian falta de protección, justicia casi inexistente y campañas de criminalización.
Comunidades como los Kakataibo han organizado guardias indígenas locales para resistir invasiones y proteger sus ríos y bosques. Pero cada gesto de resistencia parece venir acompañado de alerta: amenazas, contaminación de fuentes de agua, corte de vías, inseguridad permanente.
El panorama que emerge no es solo de criminalidad, sino de abandono institucional. Los datos sólidos muestran que el Perú continúa fallando en proteger a quienes sostienen la Amazonía con su existencia ancestral. Titulación incompleta, falta de presencia real del Estado, débiles sanciones y demora en la justicia dejan a las comunidades a merced del narcotráfico y la explotación ambiental.
