Agotadas todas las vías nacionales solamente queda recurrir al fuero internacional para revisar el reciente indulto otorgado al ex presidente Alberto Fujimori, y el encargado de ver ese caso es justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al respecto, el parlamentario y vocero del partido Renovación Popular, Jorge Montoya, ha solicitado la salida del Perú de la CIDH, tras conocerse los antecedentes que ese fuero tiene en relación a los últimos indultos.
“La CIDH se ha convertido hace muchos años en apañadores de los que realmente cometen los abusos y excesos a los derechos humanos. Por eso mismo tratan de implantar una posición contraria contra los que combatieron frontalmente al terrorismo desolador. Es inminente que se evalúe retirarnos de un organismo que lo único que hace es defender a los verdaderos culpables”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.
Como se recuerda, el TC aceptó la ponencia de Ernesto Blume, quien planteó declarar fundado el recurso y con ello se deje sin efecto la anulación del indulto a favor de Alberto Fujimori. La votación fue tres a favor y tres en contra, con el voto de su presidente, Augusto Ferrero, como dirimente a favor del hábeas corpus.
En este caso dicho recurso de habeas corpus fue interpuesto por Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto el indulto humanitario.
La Corte IDH otorgó una semana de plazo al Estado peruano -hasta el 25 de marzo- para que remita sus observaciones sobre las medidas provisionales en relación al fallo del TC a favor del expresidente.
Implicancias ante una posible salida del Perú de Corte Internacional
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de su mandato, recibe, analiza e investiga peticiones individuales que alegan violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de la Convención.
Además, observa la vigencia general de los derechos humanos en los Estados miembros, y cuando lo considera conveniente publica informes especiales sobre la situación en un estado en particular. Realiza visitas a los países para profundizar la observación general de la situación, y/o para investigar una situación particular. Generalmente, esas visitas resultan en la preparación de un informe respectivo, que se publica y es enviado a la Asamblea General.
Estimula la conciencia de los derechos humanos en los países de América. Para ello, realiza y publica estudios sobre temas específicos. Así por ejemplo sobre: medidas para asegurar mayor independencia del poder judicial, actividades de grupos irregulares armados, la situación de derechos humanos de los menores, de las mujeres, de los pueblos indígenas.
Hace recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopción de medidas para contribuir a promover y garantizar los derechos humanos. Sugiere a los Estados que tomen “medidas cautelares” específicas para evitar daños graves e irreparables a los derechos humanos en casos urgentes. Puede también solicitar que la Corte Interamericana requiera “medidas provisionales” de los Gobiernos en casos urgentes de peligro a personas, aún cuando el caso no haya sido sometido todavía a la Corte.
Es por ello que si nuestro país se deslinda de la CIDH, renuncia a estas medidas y funciones de este órgano.
