Insulto a la memoria. Los únicos felices por la liberación del dictador Alberto Fujimori solamente son los simpatizantes del partido Fuerza Popular y las más recalcitrantes adeptas del fujimorismo, como las ex congresistas Luz Salgado y Luisa María Cuculiza, quienes recibieron con algarabía la noticia ayer por la tarde.
El resto del Perú, en cambio, salió anoche a las calles para mostrar su indignación luego de que el Tribunal Constitucional (TC) decidiera revertir el fallo de la Corte Suprema y otorgarle nuevamente la libertad al ex presidente Alberto Fujimori, quien durante más de 10 años manejó los hilos de un gobierno soterrado de corrupción y amenazas contra la libertad de expresión.
Desde tempranas horas de la tarde, improvisados ciudadanos salieron a tomar las principales calles de la ciudad para alzar su voz de protesta, agrupándose en las inmediaciones de la Plaza San Martín para luego dirigirse hacia la sede del TC al promediar las nueve de la noche. Similar reacción también se vio en ciudades como Cusco, Ayacucho y Arequipa.
Asimismo, el grupo político Nuevo Perú, uno de los principales convocantes a la marcha, incentivó desde las redes sociales la etiqueta “IndultoEsInsulto” e invitó a sus seguidores a “tomar la calle contra la impunidad”.
En paralelo, el colectivo No a Keiko indicó que se sumaría a las movilizaciones en la calle “por aquellos que ya no están y por los familiares de los deudos que ven arrebatada la poca justicia que encontraron”. En efecto, esto no cayó nada bien a los deudos de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, quienes han visto pisoteado más de 30 años de búsqueda de justicia.
Por su parte, El abogado de Fujimori, César Nakazaki, confirmó en su cuenta en Twitter la decisión del Tribunal que votó a favor del recurso de hábeas corpus presentado por el exmandatario para que el indulto recobrara vigencia y lo dejaran en libertad por motivos humanitarios.
El viceministro de justicia peruano, Juan Carrasco Millones, anunció que desde el Ejecutivo se estaba coordinando acciones a tomar para anular el fallo. De acuerdo con Carrasco, el Gobierno planea acudir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Y desde la cabeza del Gobierno, el presidente Pedro Castillo comentó que el fallo evidencia la crisis institucional a la cual se refirió en su mensaje al Congreso. “Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, instó.
Fujimori, de 83 años, recibió un indulto en la Nochebuena de 2017, luego de 10 años de cárcel, pero la decisión fue revocada meses después por intermediación de un tribunal internacional que consideró la medida irregular. El exjefe de Estado, quien gobernó entre 1990 y el 2000, fue condenado a 25 años de prisión en 2009 por graves violaciones a los derechos humanos relacionadas con escuadrones de la muerte que reprimieron en Perú, las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992). Además, por el envío militares a disolver al Congreso y reformuló la Constitución.
