Lima está de nuevo en vilo por un atentado contra el transporte público. Alrededor de las 8:15 p.m. del lunes 22 de septiembre, la unidad de la empresa Virgen de la Puerta S.A. (Vipusa) fue interceptada en la avenida Mateo Pumacahua, en Villa El Salvador. Sujetos a bordo de una motocicleta dispararon cuatro veces contra la cabina cuando el bus se detuvo en un paradero para bajar pasajeros. El conductor, Leandro Ramos Verástegui (37), recibió dos balazos en el hombro y dos en la espalda. Actualmente se encuentra hospitalizado en estado crítico.
El cobrador, testigo del ataque, narró que el chofer tuvo que ser evacuado en un vehículo particular puesto a disposición por un transeúnte, pues la llegada de las autoridades se demoró: serenazgo recién apareció tras 20 minutos, y la policía casi una hora. Familiares claman por su pronta operación, ya que dos de los proyectiles permanecen alojados en su cuerpo, en zona de costillas y entrepierna. No hay heridos entre los pasajeros hasta ahora.
Pero no fue un hecho aislado: minutos antes, otra unidad de Vipusa fue atacada también en la misma avenida, con modus similar —los agresores se habrían hecho pasar por pasajeros antes de disparar.
Desde la empresa de transporte y los trabajadores, la hipótesis principal apunta a un caso de extorsión. El cobrador denunció que sujetos anteriormente habían subido a otra unidad para exigir dinero: “¿Van a pagar o no van a pagar?”, fue la advertencia antes del segundo ataque. Se estima que tras los atentados la flota opera al 50% de sus unidades.
Este ataque añade otra mancha al problema persistente de inseguridad en Lima, especialmente en el transporte público. No basta con noticias y declaraciones: los trabajadores y ciudadanos exigen medidas reales. Más patrullaje, investigación eficaz, protección institucional para choferes y cobradores, una respuesta rápida de Policía y serenazgo, y sanción ejemplar a extorsionadores o bandas criminales.
