La discusión sobre el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vuelve a quedar en suspenso. La Comisión de Energía y Minas del Congreso decidió reprogramar, por segunda vez consecutiva, el debate para este martes 18 de noviembre, pese a que ya se había convocado una sesión previa. La postergación llega en medio de una creciente presión del sector privado, que advierte que ampliar el proceso hasta el 2027 podría abrir nuevamente la puerta a la minería ilegal.
En la sesión del 9 de noviembre, el grupo presidido por el congresista Víctor Cutipa evaluó un predictamen que propone extender la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala hasta el 31 de diciembre de 2027, o hasta que se apruebe una nueva Ley de la MAPE. La sola idea generó un rechazo inmediato: los gremios empresariales alertaron que la medida permitiría reincorporar a mineros informales previamente excluidos del padrón.
Para los gremios, esta ampliación supone “un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal” y contraviene los compromisos que el Perú asumió ante la Comunidad Andina (CAN). El mensaje es claro: seguir prorrogando el Reinfo equivale a fragilizar los avances en la lucha contra una actividad ilícita que se ha convertido en la principal economía criminal del país.
El predictamen incorpora además un elemento decisivo: la realización de un Censo Minero Nacional, centrado en la pequeña minería y la minería artesanal. De aprobarse, los gobiernos regionales tendrían 60 días para transferir su acervo documentario al Ministerio de Energía y Minas, mientras que el INEI asumiría la ejecución del censo en campo.
Aun así, y pese a las críticas, el documento legislativo insiste en extender el Reinfo. Una insistencia que ocurre bajo la sombra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que calificó el registro como un “rotundo fracaso” y exhortó al Estado a diseñar un régimen permanente para la MAPE, lejos de “un eterno proceso de formalización”.
Hoy la discusión regresa al Congreso, pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta:
¿A quién beneficia realmente esta ampliación?
¿A los mineros que buscan regularizarse o a los operadores ilegales que volverían a acogerse al padrón?
Mientras tanto, la controversia se mantiene abierta y la Comisión de Energía y Minas vuelve al debate sin claridad, sin consenso y, sobre todo, sin una señal real de reforma.
