El temor volvió a recorrer las avenidas de Lima. Tras el reciente ataque a un bus de la empresa San Germán en San Martín de Porres, el paradero final de estas unidades en Jicamarca, San Juan de Lurigancho, permanece cerrado y custodiado por la Policía y el Serenazgo. La incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de la compañía domina la escena: apenas una unidad se vio, estacionada y sin pasajeros.
RPP conversó con usuarios de transporte público en distintos puntos del distrito, quienes no ocultaron su preocupación y exigen respuestas urgentes del Gobierno frente a la ola de criminalidad que amenaza a choferes y pasajeros.
«Esto va mal y peor. ¿En qué situación estamos viviendo? Que no hay cuando pare y que haga algo el presidente. Uno sale de la casa pidiendo a Dios que te haga regresar. Y pobrecitos los choferes que nos habilitan la movilidad, corren riesgo bastante. ¿Cuántos han fallecido? No hay solución», lamentó una ciudadana.
Otro pasajero criticó la limitada intervención de las autoridades: «Muchas cosas tienen que cambiar para que pueda resolverse esto (…) Los del Ejército solo nada más salen para prevenir, pero ellos no pueden intervenir (…) No hay cambios, sigue igual», expresó.
El gremio de transporte formal en Lima y Callao advirtió que un nuevo atentado podría desencadenar un paro de 48 horas, medida extrema anunciada por el vocero del sector, Martín Ojeda. El comunicado oficial solicita control territorial, presencia activa de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, despliegue de bases militares móviles en zonas críticas y la extensión del estado de emergencia.
La ciudad vuelve a mirar con miedo sus calles. Mientras tanto, choferes y pasajeros esperan que las autoridades tomen medidas efectivas antes de que otro hecho criminal marque el próximo titular de Lima.
