El Congreso de la República vuelve a poner en el centro del debate político a Martín Vizcarra, tras aprobar el informe final que recomienda formular acusación constitucional contra el expresidente por su participación en el escándalo del “Vacunagate”.
Con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) concluyó que existen “indicios suficientes y razonables” para sostener que Vizcarra habría abusado de su cargo para obtener vacunas del laboratorio chino Sinopharm fuera del protocolo oficial de ensayos clínicos, con el fin de beneficiar a su entorno cercano.
El informe también incluye a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, a quien se le imputa haber inducido a investigadores a entregarle dosis de la misma vacuna para su uso personal y de personas allegadas. Ambos exfuncionarios serían procesados por el delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, que sanciona el aprovechamiento indebido del cargo público para obtener beneficios propios.
De aprobarse la acusación en el Pleno del Congreso, el caso pasaría al Ministerio Público para continuar con la investigación penal correspondiente. La Comisión Permanente deberá conformar una Subcomisión Acusadora encargada de sustentar el informe ante el hemiciclo.
El llamado “Vacunagate” estalló en febrero de 2021, cuando se reveló que altos funcionarios públicos, entre ellos Vizcarra y Mazzetti, se habían aplicado vacunas experimentales de Sinopharm antes del inicio de la campaña de inmunización oficial. La investigación identificó a más de 400 personas que recibieron dosis de manera irregular, incluyendo familiares, asesores y funcionarios de confianza.
Este nuevo avance parlamentario reactiva el debate sobre la ética pública y el abuso de poder en tiempos de emergencia sanitaria, un episodio que marcó profundamente la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
