Fiscalía pide 35 años de prisión para el general Víctor Zanabria por presunto homicidio calificado durante protestas de 2023
El Ministerio Público ha solicitado 35 años de cárcel para el general PNP Víctor Zanabria Angulo, exjefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), a quien se le atribuye responsabilidad en las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales de enero de 2023 en Lima. La acusación fue presentada por el Equipo Especial de Fiscales para casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip).
De acuerdo con la investigación fiscal, Zanabria habría incurrido en los delitos de homicidio calificado en la modalidad de comisión por omisión, tentativa de homicidio, lesiones graves y lesiones leves. Bajo su mando policial, ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de Víctor Santisteban Yacsavilca, primer manifestante fallecido en las movilizaciones contra el Gobierno de Dina Boluarte.
La fiscal provincial Yenny Huacchillo Núñez, a cargo del caso, sostiene que durante las operaciones policiales se empleó fuerza letal de manera indebida, incluyendo bombas lacrimógenas disparadas directamente contra los manifestantes. Uno de estos proyectiles habría impactado en Santisteban, causándole la muerte instantánea.
Junto a Zanabria, también han sido incluidos en la acusación el coronel Frank Chang, exjefe de la División de Servicios Especiales, y otros nueve efectivos policiales identificados como parte de la cadena de responsabilidad. Entre ellos figuran el mayor José Solari, el capitán Gianfranco Tolentino, el brigadier Luis Inga Cerrón, y los suboficiales Cristian Guía y Felipe Pizarro, todos con pedidos de 35 años de prisión efectiva.
La Fiscalía también detalla las lesiones sufridas por John Lapa, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Por este hecho, los suboficiales Jorge Requejo e Ignacio Talledo enfrentan cargos por tentativa de homicidio con una posible condena de 14 años de cárcel. Asimismo, los mandos Robert Caballero y Omar Vivanco fueron acusados por lesiones graves contra los ciudadanos Víctor Salas y Exaltación Alzamora, para quienes se solicitan cinco años de prisión.
El expediente fiscal incluye también a otras víctimas, como Mari Silvestre, esposa de Rolando Marcas, y Juan Vía, quienes resultaron heridos en el contexto de lo que la Fiscalía califica como graves violaciones de derechos humanos ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Más allá de esta acusación, Zanabria enfrenta otras investigaciones por presunta corrupción, entre ellas la compra irregular de vehículos de lujo para uso personal durante su gestión y el denominado caso “Policías Albañiles”, que involucra el uso indebido de efectivos policiales para labores privadas cuando era jefe de la región policial de Arequipa.
Los múltiples procesos abiertos contra el general en retiro ponen en entredicho la conducta de uno de los mandos más controvertidos de la PNP, cuya gestión ha sido señalada tanto por abuso de poder como por uso indebido de recursos públicos.
