Desde las primeras horas de este jueves 30 de octubre, los conductores circulan libremente por las garitas de Villa El Salvador y Punta Negra, luego de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacámac ordenara la suspensión del cobro de peajes a cargo de Rutas de Lima S.A.C.
La decisión responde a un hábeas corpus presentado por la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar el 14 de marzo de 2024, que argumentaba que el cobro vulneraba el derecho constitucional al libre tránsito, al no existir vías alternas adecuadas ni condiciones razonables de movilidad.
Según la resolución judicial, Rutas de Lima deberá abstenerse de cobrar hasta que se acrediten condiciones que garanticen la libre circulación. Además, el fallo impone multas consecutivas en caso de incumplimiento.
En la garita de Villa, ubicada en el kilómetro 20 de la Panamericana Sur, decenas de vehículos —autos, camiones y transporte público— pasaron sin pagar los S/ 7.50 habituales desde las 6:27 de la mañana, mientras más de diez casetas permanecían inoperativas.
El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, celebró la medida calificándola como “un día de reivindicación del derecho ciudadano”.
“Hoy demostramos que cuando se afecta al ciudadano, la justicia actúa. Los peajes de Villa y Punta Negra deben estar absolutamente libres para que todas las personas transiten sin pagar ni un centavo”, señaló.
Por su parte, Rutas de Lima emitió un comunicado calificando la orden judicial como “ilegal, arbitraria y abusiva”, asegurando que implica la pérdida del 100 % de sus ingresos en ese tramo. Aunque acataron la disposición, adelantaron que se reservan el derecho de iniciar acciones legales.
El contrato de concesión entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa fue firmado el 9 de enero de 2013 por un plazo de 30 años, dentro del proyecto “Vías Nuevas de Lima”. Sin embargo, especialistas cuestionan que el acuerdo no contempló vías alternas, contraviniendo disposiciones legales y precedentes del Tribunal Constitucional.
La concesionaria se encuentra actualmente en proceso de disolución y liquidación, lo que complica el panorama legal y económico. Las autoridades municipales señalaron que analizarán los siguientes pasos legales una vez recibida la notificación formal de la sentencia.
