
En una madrugada convulsa marcada por debates intensos y respaldos cruzados, el Congreso del Perú declaró vacante la presidencia de Dina Boluarte tras aprobar cuatro mociones por “incapacidad moral permanente”. La decisión fue respaldada por 122 congresistas, sin votos en contra ni abstenciones.
Minutos después, y conforme a la línea constitucional de sucesión, José Enrique Jerí Oré, presidente del Congreso y congresista por Lima, juró como nuevo mandatario interino del país. Jerí asume el mando hasta el 28 de julio de 2026, con la misión de guiar una transición presionada por crisis social, inseguridad y elecciones previstas para abril del próximo año.
Durante su discurso de investidura, Jerí reconoció la gravedad de la coyuntura: “El Perú atraviesa una crisis política constante, con instituciones debilitadas y una ciudadanía cansada”, mencionó. Se comprometió a gobernar con “empatía y reconciliación nacional” y a enfrentar la inseguridad “de una vez por todas” con respaldo de la PNP, Fuerzas Armadas, Poder Judicial y Ministerio Público. También pidió perdón por errores del pasado y garantizó neutralidad, legalidad y transparencia para el proceso electoral.
En tanto, Boluarte —quien ejerció la presidencia desde diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo— reconoció que su gestión ha estado marcada por escándalos, protestas y una creciente crisis de gobernabilidad. Su respaldo político se desplomó tras episodios clave de violencia, como el atentado contra Agua Marina, que encendió el rechazo ciudadano hacia el Ejecutivo.
La vacancia y cambio presidencial abren una nueva etapa. Jerí toma un país dividido, con exigencias urgentes en seguridad, reformas institucionales y credibilidad. Su desafío será gobernar una transición con autoridad, pero sin legitimidad electoral. En los próximos meses, el Perú observará si esta alternancia impone un nuevo comienzo o simplemente prolonga la inestabilidad.