La Plaza San Martín fue epicentro del malestar. Por segundo día consecutivo, miles de jóvenes, estudiantes, trabajadores jóvenes y colectivos sociales marcharon en Lima bajo la consigna de la Generación Z, exigiendo al Gobierno y al Congreso respuestas frente a la reforma de pensiones (Ley N.º 32123) que obliga a mayores de 18 años a afiliarse a una AFP o ONP, así como frente a lo que perciben como falta de transparencia institucional.
El despliegue policial fue masivo: unas 5.000 unidades de la Policía Nacional del Perú (PNP) cubrieron rutas céntricas hasta el Congreso. Desde temprano, se registraron bloqueos en avenidas como Abancay, surgieron desvíos en el transporte público y se cerraron accesos a espacios públicos clave.
Las tensiones escalaban a medida que avanzaba la tarde: manifestantes intentaban avanzar hacia el Congreso y la Policía respondió con bombas lacrimógenas, perdigones y uso de escudos, mientras que algunos manifestantes arrojaban piedras, botellas y otros objetos. En uno de los puntos críticos, frente al centro comercial Real Plaza y al Palacio de Justicia, se reportó ingreso de manifestantes a locales, detenciones y confrontaciones intensas.
También hubo heridos: brigadistas voluntarios atendieron casos de perdigones y desmayos, periodistas denunciaron agresiones —uno de ellos reportó daño a su dron durante la cobertura—, y al menos un brigadista resultó lesionado en la pierna por un perdigón frente a la Plaza San Martín.
La protesta dejó además daños materiales: mobiliario urbano dañado, separadores viales destruidos, barricadas informales instaladas, vidrios rotos en instituciones públicas cercanas al recorrido.
Esta movilización evidencia algo que ya no puede ignorarse: la juventud peruana no solo protesta leyes o medidas específicas, sino que exige dignidad, justicia y coherencia en las políticas públicas. No quieren respuestas tardías ni excusas burocráticas.
El Estado enfrenta una prueba: gestionar legítimamente el orden público sin vulnerar derechos; escuchar sin caer en represión; proponer reformas reales en pensiones, empleo, acceso social, para reconectar con quienes sienten que viven un futuro precario.
